El ferrocarril español se prepara para el primer día de huelga total, este viernes, que supondrá el parón de la red ferroviaria en todo el territorio nacional. Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif (SEMAF, CCOO, UGT, SCF, CGT y SF) califican los servicios mínimos de "abusivos", ya que se establecen considerando una actividad por encima de la que se desarrolla en la actualidad, por lo que los porcentajes establecidos cubren casi el 100% de la actividad real.

Las movilizaciones inicialmente convocadas tienen una duración de 5 días y se llevarán a cabo los días: 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre.

Los representantes sindicales de Renfe y Adif mantienen la conflictividad laboral tras no producirse ningún avance en la situación y como muestra de rechazo a que las transferencias supongan la segregación de ADIF y del Grupo Renfe, y a la privatización de la sociedad Renfe Mercancías.

Los Comités convocantes de la huelga quieren dejar claro que se desmarcan de cualquier otra convocatoria de huelga ajena, que pudiera coincidir en alguna de las fechas, convocada al margen de este conflicto con el Grupo Renfe y ADIF.

Servicios Mínimos

Además, los Comités alertan de que la tardanza por parte de la Generalitat de Cataluña (tiene las competencias transferidas) en la publicación de los Servicios Mínimos, este mismo jueves por la tarde, va a dificultar la notificación de los mismos. Por tanto, se va a producir una mayor incidencia de la huelga en el ámbito de Cataluña, con el correspondiente caos en la prestación del servicio.

Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif, convocantes por unanimidad de la huelga, quieren transmitir a los usuarios de los ferrocarriles de todo el Estado que los días indicados busquen un medio de transporte alternativo, para evitar el perjuicio que supondrá no poder desplazarse al lugar donde pretendan hacerlo.

Los motivos que llevan a la huelga 

A. Segregación del Grupo Renfe y la segregación de Adif

Los Comités del Grupo Renfe y de ADIF manifiestan su rechazo a que el actual acuerdo de transferencias suponga la segregación de Renfe y de ADIF.

En el acuerdo se recoge que la plantilla, así como las infraestructuras y vehículos pasan a pertenecer a una tercera empresa con la Generalitat como socio mayoritario. Con la finalidad de segregar la operación y la infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

Ambos comités se muestran en contra ya que supone ir contra los derechos de las personas trabajadoras que tantos años de lucha han costado consolidar.

Igualmente, la segregación impide mantener los derechos a los trabajadores y trabajadoras porque en primer lugar sería imposible que dejasen permanecer en el Grupo Renfe y Adif al personal que lo solicitase, pues la nueva empresa requeriría de la propia plantilla para funcionar. En segundo lugar, rompería el sistema de movilidad de la plantilla y también dejarían de estar amparados por los Convenios Colectivos del Grupo Renfe y ADIF.

La salida de la operación y las infraestructuras (vías y estaciones) de la RFIG supone abandonar los requerimientos legales y profesionales establecidos por las directivas europeas y desarrolladas por la agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, pasando a un modelo reducido regional fuera del sistema europeo.

Con ello los trabajadores perderían las habilitaciones que le permiten trabajar en cualquier punto de España y Europa, imposibilitando la interoperabilidad, en estas vías segregadas, de trenes provenientes del resto del Estado o de Europa.

Las organizaciones sindicales poseen sendos acuerdos ministeriales que garantizan la necesidad de consulta y participación de la representación legal de las personas trabajadoras ante cualquier tipo de cambio de modelo. Sin embargo, estos acuerdos se han incumplido.

B. Privatización de la Sociedad Renfe Mercancías

La privatización encubierta de Renfe Mercancías que consiste en la creación de una sociedad participada en minoría por capital del Grupo Renfe y dejar las riendas del negocio a una empresa privada.

En este proyecto se pretende transferir a la nueva sociedad privada los principales activos de la empresa pública, como son los mejores vehículos (locomotoras y vagones); así como el fondo comercial más rentable. Dejando a la actual Renfe Mercancías con el parque móvil más envejecido y los servicios menos rentables.

El Comité General de Empresa se opone a esta solución que podría incluso suponer una malversación de los recursos públicos en favor de una tercera empresa privada. Además, hay que considerar que Renfe Mercancías es la empresa con mayor volumen del sector, con un 65% de la actividad, lo que la convierte en la empresa líder y su privatización carece de argumentos.

Además, esta propuesta se realiza en un contexto donde RENFE Mercancías acaba de realizar una importante inversión de 122 millones de euros en locomotoras y ha resultado adjudicataria de más de 13 millones de euros por los ECO-Incentivos; inversión y subvenciones públicas que, en caso de culminarse los objetivos del Grupo RENFE, pasaría automáticamente a manos privadas.