España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con los precios de la electricidad más caros para el consumidor doméstico, sólo por detrás de Chipre e Irlanda, y muy por encima de la media de los Veintiocho, según los datos de la oficina comunitaria de estadística Eurostat. Desde 2008 el precio de la energía eléctrica que pagan los españoles en su consumo doméstico se ha incrementado un 60%.

Los precios que se cargan al consumidor doméstico español se sitúan en 0,1752 euros por kWh. Además, según la misma fuente, los precios en España han aumentado año a año hasta 2012, cuando alcanzaron el punto más elevado con 0,1766 euros por kWh. Los precios más elevados en la Unión Europea son para la isla mediterránea de Chipre, donde la electricidad cuesta al consumidor doméstico 0,2277 euros por kWh, seguida de Irlanda, con 0,1951 euros. En cuarto lugar se sitúa el Reino Unido, donde los precios alcanzaron 0,1658 euros por kWh.

El aumento de la tarifa eléctrica para uso industrial ha sido del 27% desde 2008, el quinto más alto en la UE, siempre según los datos de Eurostat, que comenzó un nuevo método de cálculo a partir de 2007, por lo que los datos no son exactamente comparables con los de los años anteriores. En cualquier caso, el aumento del recibo de la luz para consumo doméstico supera el 70% si se tomara como referencia junio de 2006, cuando el Gobierno eliminó el límite de subida del 2% anual establecido en 2002 por el Ministerio de Economía, cuyo objetivo era crear un marco estable y contener la inflación.

El sector arrastra desde principios de la década un déficit de tarifa -desfase entre el coste real de la electricidad y lo que efectivamente paga el consumidor final- que se acentuó a partir del año 2005 y que en la actualidad supera los 26.000 millones de euros.

Este déficit lo financian en primera instancia las eléctricas tradicionales. Posteriormente, esa deuda contraída con el sector se tituliza, las eléctricas recuperan las cantidades adelantadas y el pago del principal y los intereses, a 15 años, se asume por parte de los consumidores a través del recibo de la luz.