La reforma eléctrica del Gobierno -que, entre otras cosas, introduce impuestos a la generación de electricidad y al combustible nuclear gastado, y elimina exenciones para el gas natural y el carbón- ha puesto en pie de guerra no sólo a las eléctricas, sino también a la gran industria, que teme que sus costes se vean notablemente incrementados y que eso provoque que la cuenta de resultados se reduzca drásticamente. Sólo en el caso de la cogeneración el crecimiento de los costes puede oscilar entre el 40% y el 100%.

Cinco asociaciones, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), la de fabricantes de azulejos cerámicos (Ascer), la de fabricantes de pasta, papel y cartón (Aspapel), la de asociaciones de fundidores (Feaf) y la de fabricantes de ladrillo y tejas (Hispalyt) han suscrito un manifiesto en el que cifran en 1.500 millones el incremento de los costes energéticos y advierten de "un proceso de desinversiones y deslocalización industrial sin precedentes". Está en riesgo, dicen, "la supervivencia del tejido industrial español y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el empleo". El documento reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios -la reforma está ahora en fase de tramitación- que modifiquen un proyecto de ley que "si sale en sus actuales términos convertirá a nuestro país en un país de servicios al servicio de los países productores". En el documento se afirma que desde 2008 se ha destruido el 25% de la actividad y se han perdido 600.000 empleos. Muchas empresas, se añade en el texto, "han acometido importantes reestructuraciones y ajustes para seguir operando y generar riqueza y empleo en el país".

Un informe elaborado por Energía Local -consultora del sector de cogeneración y residuos- sobre las consecuencias de la reforma en las eléctricas y en el sector industrial constata la alarma de las asociaciones industriales. Estima que, sólo en el siguiente ejercicio, las pérdidas sólo en las eléctricas ascenderán a más de mil millones de euros, lo que, según Energía Local, obligará a las firmas a "aumentar sus resultados en el exterior en 1.200 millones de euros". La más perjudicada será Endesa, con 423 millones de impacto, seguida de Iberdrola, con 357, y EDP, con 139 millones.

La consultora calcula que, como consecuencia del incremento impositivo, las empresas industriales pagarán entre un 10% y un 14% más en el mercado mayorista de la electricidad, y entre un 7% y un 8% más por el gas. Esto, traducido a euros, significa entre 1.000 y 1.600 millones. El informe constata, además, que en el mercado de futuros ya ha aumentado el precio de la electricidad (en tres euros por megavatio y hora) con la aprobación del decreto en Consejo de Ministros. Algo que contrasta con la evolución en Europa: en el mercado alemán de referencia, la tendencia de precios se sitúa sin embargo a la baja.

La cogeneración es una de las actividades más afectadas por la nueva regulación. Entre las tecnologías del Régimen Especial (las asociadas a las renovables) es la que soporta mayor carga, con un impacto, junto con la biomasa, de 420 millones de euros, el 43% del total aplicado a este sector. La asociación que engloba a las empresas de la cogeneración, Acogen, estima que la reforma supondrá 5.400 millones en términos de pérdida de PIB, una destrucción de 65.000 empleos y una paralización inmediata del 30% de la potencia instalada, y de otro 30% en tres años. Según el informe de Energía Local, las industrias que trabajan con la cogeneración "verán incrementados sus costes productivos con la consiguiente merma de competitividad". Avisa, además, de que todas las inversiones recientes en renovables deben contemplar "mayores plazos de devolución de deuda o menores ratios de rentabilidad".

420