Gobierno, sindicatos y empresarios se preparan para arrancar, el próximo viernes, una nueva negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que están acogidos, con datos a cierre de noviembre de 2020, casi 750.000 personas, lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en abril.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya dijo que convocaría a los agentes sociales después de Reyes para abordar esta negociación y el líder de CCOO, Unai Sordo, desveló recientemente que la la negociación arrancaría el viernes. Gobierno, sindicatos y empresarios coinciden en que sigue necesitándose esta herramienta, sobre todo para sectores que no han podido recuperar su actividad plenamente, como el turístico, o que se están viendo sometidos a restricciones para frenar los contagios de Covid, como la hostelería o el comercio.

De hecho, el plan de rescate de apoyo a la hostelería, el comercio y el turismo que aprobó el Gobierno hace unas semanas amplió el número de sectores "ultraprotegidos" por los ERTE a varias actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, los establecimientos de bebidas y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).

La regulación actual de los ERTE estará vigente hasta el próximo 31 de enero y los empresarios llevan tiempo pidiendo extender la siguiente prórroga al menos hasta que finalice el estado de alarma decretado en España (9 de mayo). Desde los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social no se habla de plazos y se limitan a asegurar que los ERTE se mantendrán hasta que sea necesario. Costó mucho firmar la prórroga hasta enero, sobre todo por las diferencias que existían entre la patronal y algunos miembros del Ejecutivo en torno a los sectores a proteger por los ERTE.

Al final se consiguió un acuerdo casi en el tiempo de descuento que se llevó en forma de decreto al Consejo de Ministros. Dicho decreto, aprobado a finales de septiembre, extendía hasta el 31 de enero de manera automática los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y creaba dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%. Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%.

De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos. En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los de limitación de actividad, destinados a las empresas que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, sostiene que "el Gobierno va tarde en la prórroga de los ERTE" al tiempo que exige que "es una negociación que tiene que cambiar muchas cosas".

Reclamó que a "los autónomos con restricción, que se les exige que sea al 100%, se les exonere de la cotización a la Seguridad Social, como sucede con los trabajadores del Régimen General".