Los 40 trabajadores afectados por la decisión de Alestis Aerospace de internalizar el servicio de almacenamiento y transporte que hasta ahora realizaba la empresa LTK en Sevilla llevan varios días concentrados ante las puertas de la planta de San Pablo, donde la mayoría realizaban su trabajo.

Los empleados de LTK400, su denominación en Sevilla, exigen a Alestis que se les integre en su plantilla a través de una subrogación, ya que su función no finaliza sino que la realizarán otros trabajadores del Tier 1 andaluz.

A su juicio, les ampara el artículo 44 del Estatuto de Trabajadores. De este modo, Ismael Sánchez, miembro del comité de empresa de LTK en San Pablo y secretario nacional de Acción Sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores, denunció ayer la "ilegalidad" que está cometiendo Alestis. Una postura, que según los trabajadores, es apoyada por la dirección de LTK.

Sánchez también exigió el amparo de las administraciones públicas. "La SEPI tiene el 25% de las acciones de Alestis. Eso es dinero público y con dinero público no deberían permitirse estas ilegalidades. Vamos a mantener nuestra protesta hasta que se nos escuche", afirmó.

Origen del enfrentamiento

El conflicto se inició cuando Alestis decidió rescindir con un mes de antelación el contrato de servicios que tenía con LTK hasta el próximo 31 de diciembre, con el objetivo de encargar el trabajo a personal propio, ya que la nueva dirección de la compañía –adquirida por Aciturri en verano– ha descubierto un sobredimensionamiento de la plantilla, especialmente en plantas como la de San Pablo.

Los trabajadores denuncian que el movimiento tenía por fin el impedir el "derecho a la huelga" de los afectados, cuyo inicio habían fijado para el pasado lunes. "Deberíamos poder hacer la protesta dentro de la planta, pero ahora nos han puesto guardas de seguridad que no nos dejan pasar porque ya no estamos vinculados a Alestis".

Versión de la empresa

La empresa, por su parte, asegura que está ciñéndose en todo momento a la legalidad, que la subrogación pedida "no tiene ningún sustento legal" y señala a LTK como responsable del conflicto, ya que conocían que había una gran caída de la carga de trabajo en su área, que el contrato finalizaba pronto y aún así no tomaron ninguna medida.