Tribunales

La Audiencia Nacional ordena reabrir la investigación de Orange Market tras las revelaciones que apuntaron a Camps

Francisco Camps. Francisco Camps.

Francisco Camps. / biel Aliño / Efe

La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la pieza de Gürtel "Orange Market" para investigar adjudicaciones que el PP valenciano de Francisco Camps hizo a la trama después de que el ex secretario general Ricardo Costa le señalara como el ideólogo de la financiación ilegal de esta formación en el juicio a la rama valenciana de Gürtel.

La sección segunda de lo Penal adopta esta decisión en un auto en el que acepta la solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción de reenviar al juez instructor del caso Gürtel, José de la Mata, esta pieza sobre las contrataciones de la Generalitat con Gürtel y que estaba pendiente de ser señalada para juicio.

La Fiscalía, basándose en las revelaciones que hizo Costa y otros acusados en el citado juicio, pidió la reapertura de este procedimiento para poder investigar las eventuales indicaciones que podría haber recibido la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Salvadora Ibars, conocida como Dora, para adjudicar contratos al grupo Correa, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Dicho cargo, según indicaba la Fiscalía en su informe, dependía directamente de la Presidencia del Gobierno Valenciano, que ostentaba entonces Camps, por lo que consideraba, que de confirmarse su responsabilidad en estos hechos (adjudicaciones de 2004 a 2009), podría ser investigado por los delitos de prevaricación que no hubieran prescrito.

Por tanto, con la reapertura de esta pieza, la Sala, tal y como reclamaba la Fiscalía, pide que se trate de averiguar quién adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market y si "fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada", tal y como señalaron algunos acusados de la rama valenciana de Gürtel .

Según el auto de la Sala, los hechos imputados a Ibars se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y de un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional.

Para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros, detalla el auto.

La Fiscalía acusa también a Ibars en relación a la adjudicación del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

La petición de reapertura de la Fiscalía parte de las revelaciones de acusados en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano en el que, Ricardo Costa, condenado a 4 años de cárcel por estos hechos, llegó a asegurar que Camps creó ese sistema de financiación, lo que fue corroborado por cabecillas de Gürtel como Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, El Bigotes.

De esas declaraciones, la Fiscalía cree que se puede desprender que la "contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente" para el PP valenciano.

La pieza ya juzgada como la que ahora se reordena reabrir tienen en común "muchos de los acusados" y ahora lo que se trata es de averiguar quién adoptó las decisiones que materializó Ibars.

Costa, llegó a afirmar que el propio Camps fue quién encargó complementos (fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de 120.000 euros y que corrieron a cargo de empresarios.

Sin embargo, trató de desvincular a la dirección nacional de toda responsabilidad en el caso. "No está permitido (...) Sería un Filesa II", aseguró que le dijo el extesorero Luis Bárcenas cuando le contó la práctica de pagos irregulares -según él- orquestada por Camps.

Con estas revelaciones, el que fuera secretario general del PP valenciano se convirtió en el primer político acusado en Gürtel que reconocía la existencia de financiación ilegal

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