La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dicho este martes sobre la anulación de la doctrina Parot que algunos organismos internacionales ven con "mucha distancia y frialdad" lo relacionado con el terrorismo y que los españoles no hemos sido capaces de trasladar "la terrible realidad y el sufrimiento de cientos de familias".

Soledad Becerril ha hecho estas declaraciones sobre la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) en el Congreso de los Diputados antes de comparecer para presentar los informes correspondientes sobre la institución que dirige. La Defensora ha insistido en que lamenta "muchísimo, profundamente", el sentido de la sentencia: "me parece muy duro, muy duro que las víctimas y las familias tengan que aceptar el precio tan ligero que han pagado asesinas y asesinos", ha comentado.

"Personas -ha continuado- que han destrozado a más de 850 familias y el precio pagado también por violadores en serie verdaderos asesinos y criminales que han cometido delitos muy graves. Lamento muchísimo estas circunstancias y lamento muchísimo la sentencia".

Según Becerril, cuando vienen a España comisionados de derechos humanos se preocupan de muchos asuntos, pero lo relacionado con el terrorismo, a su juicio, "lo ven como algo distante, como algo que ya ha pasado". "No alcanzan a entenderlo muy bien, hay que haber visto la realidad del terrorismo, hay que ver a las personas acribilladas a tiros en el suelo o haber cogido la mano de los niños, de los hijos de padres que estaban en el suelo para decirles que habían matado a sus padres a las tres de la mañana", ha concluido.

El lunes, la Defensora, tras conocer la sentencia, recordó en un comunicado que remitió una carta el pasado 18 de marzo al comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en la que expresaba su preocupación por la próxima decisión del tribunal, al tiempo que suscribía la forma en la que los tribunales españoles interpretaban la doctrina Parot.

Además, Becerril dijo que compartía la posición del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional español sobre este asunto y subrayó su discrepancia "respetuosa pero firmemente" con la decisión del Tribunal Europeo, que, a su juicio, no ha tenido en cuenta la "justa finalidad y el respeto al principio de legalidad penal", que la doctrina preserva.