Catalá no suspenderá la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El ministro de justicia, Rafael Catalá, no suspenderá la entrada en vigor del nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como piden los fiscales, a quienes les ha ofrecido más medios humanos y materiales para la puesta en marcha del nuevo sistema.

Catalá se ha referido así a los medios tras más de dos horas de reunión con los vocales del Consejo Fiscal, quienes le han trasladado su preocupación por el futuro modelo de instrucción judicial, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 7 de diciembre piden suspender. Al respecto, ha señalado que la suspensión del artículo 324 que establece los plazos para la instrucción "no es lo más adecuado y conveniente" en este momento, por lo que se ha comprometido a "tomar todas las medias necesarias" que permitan llevar a la práctica el nuevo sistema.

Estas son un nuevo sistema de gestión procesal que mejore la coordinación de los fiscales con los juzgados de instrucción, con un sistema de avisos cuando se vayan cumpliendo los plazos, una instrucción para que los secretarios judiciales les notifiquen las causas y, sobre todo, un plan de refuerzo de nuevos fiscales. "Habrá que dotar los medios tecnológicos y personales que garanticen que (los fiscales) pueden cumplir su trabajo adecuadamente", ha explicado Catalá, que ha reconocido que puede haber una sobrecarga de trabajo ya que en los primeros ocho meses los fiscales deberán revisar 370.000 diligencias pendientes para determinar si son sencillas o complejas. Eso sí, las futuras plazas se harán con cargo al presupuesto del departamento puesto que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lleva asociado todo lo contrario en su articulado.

Pero también ha dicho que Justicia llevará a cabo un seguimiento mensual con la Fiscalía para comprobar todas estas medidas. Luego, ha agregado, la instrucción "deberá llevar velocidad de crucero con un sistema de trabajo permanente y continuado". Ahora bien, no ha descartado una hipotética suspensión si en el próximo mes de junio ve que el cumplimiento de los plazos es inasumible. "Si en el futuro comprobamos que lo que consideramos suficiente no lo es, hipotéticamente podría plantearse una suspensión de plazos pero no ahora", ha precisado.

En cuanto a la preocupación y dudas de los fiscales porque algunos delitos puedan quedar impunes cuando finalice el plazo de la instrucción, Catalá ha subrayado: "Está clarísimo en la ley que ninguna causa se archivará como consecuencia del transcurso de los plazos". "Es tan evidente y tan obvio que ahí, quizás, hay algún ejercicio de crítica dialéctica más que jurídica", ha añadido el ministro que, por otra parte, ha destacado que no todo han sido críticas en la reunión porque algunos miembros del Consejo Fiscal le han hecho "una valoración positiva de la ley", pese a pedir el aplazamiento de los plazos. De hecho, Catalá ha avanzado que en los próximos días la Fiscalía dictará una instrucción aclaratoria de la ley que, en su opinión, "es perfectamente aplicable y no tiene que generar la inquietud que ha creado". El encuentro del ministro con los miembros del Consejos Fiscal se produce tras las críticas de tres de las cuatro asociaciones judiciales, las tres asociaciones fiscales y el Consejo General de la Abogacía a la reforma.

Precisamente este martes, el PSOE ha hecho público en su programa electoral la propuesta de que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de las instrucciones penales. Se trata de una idea que barajó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que también figuró entre los planes de Alberto Ruiz Gallardón pero finalmente quedó fuera de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento. Según los socialistas, el actual modelo penal "impide el cumplimiento de las garantías constitucionales" y resta agilidad y eficacia a las resoluciones, "lo que aumenta la sensación de impunidad y la desconfianza de los ciudadanos".