El Parlamento Europeo advirtió este jueves de una "preocupación extrema" por las injerencias rusas en Cataluña, que ve parte de "una estrategia más amplia para desestabilizar a la UE", e instó a España a investigar los nexos entre el Kremlin y el movimiento independentista catalán, nombrando directamente al líder de Junts Carles Puigdemont. 

El texto, no vinculante, salió adelante con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Entre los votos a favor de la resolución completa figura el grupo socialdemócrata en su conjunto, también el PSOE, y gran parte de los Verdes/ALE, aunque sin los diputados de ERC. 

Los socialdemócratas rechazaron mayoritariamente, no obstante, las enmiendas para ahondar en el nexo catalán-ruso que presentaron el PP y Ciudadanos y que acabaron saliendo adelante con el apoyo del bloque conservador. 

El propio Puigdemont no ha acudido a este pleno en Estrasburgo (Francia) y por tanto no ha votado, pero sus compañeros de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí votaron en contra tanto de las enmiendas españolas como del texto final. 

Las enmiendas de Ciudadanos, en concreto, mencionan que los representantes de los secesionistas que habrían mantenido contactos con el entorno del Kremlin, incluyendo a Puigdemont, "están demandando una amnistía por sus presuntos delitos", y pide también que el propio Parlamento Europeo investigue a Puigdemont por infracciones del código de conducta de los eurodiputados. 

De ser encontrado culpable, las sanciones internas podrían consistir en la pérdida del derecho a dietas (338 euros diarios) durante hasta 30 días o la prohibición de participar en actividades parlamentarias o representar a la institución durante diferentes periodos de tiempo, entre otras medidas. 

Por otro lado, las enmiendas del PP se centran en señalar que los contactos del Kremlin tuvieron también lugar con el Gobierno catalán además de con el movimiento independentista, y también apuntan al encuentro reportado por periodistas de investigación entre el exdiplomático ruso Nikolau Sadovnikov y Puigdemont en Barcelona en la víspera del referéndum de independencia de octubre de 2017. 

El texto, negociado entre este martes y miércoles por eurodiputados de todas las familias políticas salvo la ultraderecha y la izquierda, señala una "preocupación extrema por las presuntas relaciones entre secesionistas catalanes y la administración rusa", y pide una investigación que va en la línea de la que ya está teniendo lugar en la fase de instrucción del caso Volhov en un juzgado de Barcelona. 

En concreto, los eurodiputados instan a España a que investigue "las conexiones de los eurodiputados supuestamente asociados con el Kremlin" y "los intentos de Rusia de desestabilizar e interferir en los Estados miembros". 

"De confirmarse, las injerencias rusas en Cataluña serían parte de una estrategia más amplia de Rusia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE", señala el texto, que también se muestra preocupado por las "campañas de desinformación a gran escala" que, asegura, Rusia ha puesto en marcha en Cataluña. 

Joaquín Aguirre, el juez titular del caso Volhov que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, cree que hay indicios de que Rusia estaba dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña para "desestabilizar la Unión Europea", y que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia. 

En el debate sobre este tema, celebrado el martes, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, había citado los "contactos regulares y estrechos" entre funcionarios rusos y "un grupo de secesionistas catalanes" en España como un ejemplo de las injerencias de Rusia en las democracias de la Unión Europea. 

"Creo que es el deber de esta casa investigar quién más hizo qué y bajo qué condiciones para jugar al juego de Moscú", añadió. 

El foco principal de la resolución es, no obstante, el caso de la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, acusada de colaborar durante al menos 13 años para el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, un caso que tanto Letonia como el propio Parlamento Europeo deben "investigar profundamente y sin dilación para determinar las sanciones y procedimientos criminales apropiados". 

El texto hace referencia a "otros casos de eurodiputados que sirven los intereses de Rusia a sabiendas", sobre los que pide una investigación interna, pero también a casos de injerencias de Moscú fuera de la Eurocámara, con -entre otros casos- campañas de desinformación masivas en Alemania.