La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy la suspensión de la libertad condicional del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, excarcelado el verano de 2012 por enfermedad terminal, hasta que se resuelva su nueva situación procesal tras acordarse su prisión incondicional domiciliaria.

El fiscal Pedro Rubira ha hecho esta petición en un escrito al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que fue el que le concedió la libertad condicional, después de que el jueves el juez Ismael Moreno acordara la prisión domiciliaria de Bolinaga al considerar que fue él quien efectuó los disparos que acabaron con la vida del cabo de la guardia civil Antonio Ramos Ramírez en 1986.

Según Rubira, "existe una dicotomía entre la medida de prisión provisional y la libertad condicional que venía disfrutando" por lo que si finalmente se revoca la libertad, la prisión atenuada acordada en atención a su enfermedad podría derivar en un ingreso en prisión si se llega a considerar que su estado de salud lo permite, según fuentes jurídicas.

Esta "disfunción", añade el fiscal, los jueces de vigilancia la han resuelto normalmente "con la medida de la suspensión de la libertad condicional", y hace alusión a un auto del juzgado de vigilancia penitenciaria de Málaga. Esto es así, porque decretar la prisión incondicional cuando se está libertad condicional no entra entre los supuestos previstos para su revocación.

En el caso de Bolinaga son, entre otros, que vulnerase la prohibición de acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas o de sus familiares directos, ni participar "de forma activa o pasiva" en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de ETA. Tiene prohibido además hacer declaraciones "de esa naturaleza" o que conlleven "desprecio o desconsideración" de las víctimas del terrorismo o pudieran ofender sus sentimientos, además no puede ausentarse sin autorización judicial del lugar de residencia y comunicar cualquier cambio en su estado de salud. "Por todo lo expuesto el fiscal llega a la conclusión de que lo que procede es suspender la libertad condicional del señor Bolinaga, hasta tanto se resuelva su nueva situación provisional, bien decretándose la libertad provisional, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o el sobreseimiento de la causa".

Cuando le fue concedida la libertad condicional, Bolinaga cumplía el máximo de 30 años de condena por el secuestro del funcionario de prisiones Jose Antonio Ortega Lara y el asesinato de tres guardias civiles. En contra del criterio de la Fiscalía, el juez de Vigilancia Penitenciaria dictaba el auto de concesión de libertad condicional dos días después de visitar en San Sebastián al recluso y citarse con los oncólogos que le atendían. Aunque la defensa de Bolinaga se apresuró a exigir la excarcelación inmediata, la decisión de Castro todavía no era firme en espera de que las partes recurrieran, la Fiscalía lo hizo y no fue hasta el 12 de septiembre de 2012 cuando la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó la medida.

Poco antes de que se cumpliera un año de su excarcelación, la Fiscalía pidió nuevos informes médicos para una "nueva evaluación de las circunstancias que concurren en el enfermo" pues todo apunta, "para bien del enfermo, que la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros conocidos".

En el último informe elaborado por forenses adscritos a la Audiencia Nacional, se sostenía no obstante que Bolinaga, que rechazó ser examinado por ellos, había sufrido un empeoramiento, por lo que "se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable", no siendo "previsible el óbito" en los próximos tres o cuatro meses "salvo complicaciones". A la vista de que estos últimos informes descartaban que pudiera ser tratado en prisión de su enfermedad, el juez Ismael Moreno optó ayer por acordar la prisión atenuada en su domicilio, prevista en los casos en que "el internamiento entrañe grave riesgo para la salud".