El Gobierno y el PP han defendido la actuación de la policía durante la protesta del 25-S Rodea el Congreso, tachada de desproporcionada por diversos colectivos, y ha subrayado que los disturbios fueron protagonizados por grupos "radicales" organizados y "armados" con palos y piedras. La coordinadora 25-S y otras asociaciones vinculadas a la protesta han garantizado que son ajenos a la violencia de esos grupos y han convocado este miércoles otra  concentración en la plaza de Neptuno, a la que han acudido unas 2.500 personas sin que se registrasen incidentes. La entrada a la Carrera de San Jerónimo, donde se ubica en Congreso, seguía vallada y custodiada por la Policía.

Los manifestantes han ocupado casi la totalidad de la plaza y han coreado consignas como "dimisión Gobierno", "libertad detenidos" y "sinvergüenzas", en referencia a los policías situados en el cordón policial frente a la valla que impide el acceso a Las Cortes. Ha sido en este lugar donde se ha producido el único incidente aislado de la noche. Una persona ha arrojado un petardo por encima del vallado, pero rápidamente ha sido desalojado por los propios manifestantes, que se han dirigido a esta persona entre pitos y gritos de "fuera, fuera", sin que la policía haya respondido a esta acción.

Dentro del Congreso, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha explicado que la policía respondió de forma "proporcional y congruente" ante grupos "de la extrema izquierda, okupas y anarquistas" que actuaron de forma estructurada. Los graves incidentes en el centro de Madrid se saldaron con 35 detenidos y 62 heridos, 27 de ellos de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios). Según Cosidó, alguno de los 35 detenidos cuenta con antecedentes policiales (uno de ellos por homicidio doloso) y doce tienen su domicilio fuera de la Comunidad de Madrid.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha felicitado a las Fuerzas de Seguridad por haber reaccionado "extraordinariamente bien" e impedir que un grupo de personas lograra "ocupar" el Parlamento y "coaccionar" a los diputados. Tenían la orden de actuar "no en defensa de la legalidad ordinaria, sino de la legalidad constitucional", puesto que el Congreso "es inviolable", ha destacado. De hecho, algunos de los detenidos, según Interior, no sólo serán imputados por delitos de orden público, daños y lesiones, sino también por delitos competencia de la Audiencia Nacional: invasión de sedes parlamentarias, promoción de manifestaciones ante los órganos legislativos e intento de penetrar en sus sedes.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también ha calificado de "proporcional" el trabajo de la Policía y ha señalado que los agentes se limitaron a defender el Estado de derecho y a "repeler una agresión", ya que fueron objeto de "todo tipo de lanzamientos" con botellas, tornillos, cristales y "casi 300 kilos de piedras". Los mayores elogios han procedido del portavoz de Interior del PP en el Congreso, Conrado Escobar, quien ha querido felicitar "alto y claro" y de forma "entusiasta" a la policía y ha calificado su trabajo de "brillante", "ejemplar", "profesional" y "prudente".

Frente a esta valoración, el secretario general del grupo parlamentario socialista, Eduardo Madina, ha opinado que las cargas fueron "claramente excesivas" y ha alertado al Gobierno de que "el país se le está yendo de las manos". La misma frase que ha utilizado su jefe de filas, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha considerado que sería un error limitarse a analizar "los problemas de orden público". Como ex ministro del Interior ha querido ser prudente y ha reconocido la "dificilísima" tarea de las Fuerzas de Seguridad, pero ha señalado que el Ministerio del Interior "siempre tiene que pedir a la policía que evite determinadas cosas".

Mucho más crítica, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha reclamado que se investigue la supuesta participación de policías vestidos de paisano y encapuchados en la manifestación porque, según ha denunciado su portavoz, Cayo Lara, en un vídeo se aprecia que eran "provocadores". En uno de los numerosos vídeos sobre los disturbios colgados en internet, se ve cómo dos encapuchados, supuestamente policías, arrastran por el suelo a otro que grita "¡que soy compañero, coño!" para identificarse. El diputado de IU Gaspar Llamazares, como el Sindicato de Estudiantes, ha pedido directamente la dimisión o el cese "inmediato" de la delegada del Gobierno en Madrid al estimar que convirtió "una movilización social democrática en una estrategia de antiinsurgencia antidemocrática".

Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha asegurado que tanto el dispositivo como la actuación de los agentes estaba "plenamente justificado". La Confederación Española de Policía (CEP), por su parte, ha estimado que los antidisturbios realizaron "un trabajo excepcional, entregado e impecable" y la Unión Federal de Policía (UFP) ha ratificado que la actuación fue "proporcionada" y "profesional" ante un grupo de "radicales" que trataron de "emular" el intento de golpe de Estado del 23-F.