El Gobierno ha mostrado este miércoles su sorpresa tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que considera inconstitucional el confinamiento del estado de alarma decretado en marzo de 2020 para contener los contagios ante el estallido de la pandemia del coronavirus. Según explican fuentes gubernamentales a Europa Press, no solo fue "imprescindible para salvar vidas" sino también "conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma".

Por este motivo, las fuentes consultadas avanzan que el Gobierno está ya estudiando el fallo y aseguran que, aunque lo "respetan", lo consideran "inédito". Además, el Ejecutivo hace hincapié en que la decisión se ha tomado por una mayoría de seis votos contra cinco, "lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo", que entiende que la figura apropiada para suspender derechos fundamentales como el de circulación es el estado de excepción.

Según el Gobierno de Pedro Sánchez, se trata de una "decisión sin precedentes", puesto que todos los países del entorno "han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia".

Además, Moncloa sostiene que "sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días", por lo que se reafirma en que fue "absolutamente imprescindible para salvar vidas".

Las mismas fuentes insisten en que el decreto que desarrolló esta herramienta, y que diseñó la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo, se hizo cumpliendo con la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma".

Además, el Gobierno recuerda que esta sentencia del Tribunal Constitucional llega a raíz de un recurso de Vox, una formación que, según el Ejecutivo, "votó a favor del estado de alarma cuando este fue presentado por primera vez ante el Congreso".

El Tribunal Constitucional, tras varios plenos de deliberación, ha decidido este miércoles que el decreto del estado de alarma fue inconstitucional ya que entiende que para adoptar el confinamiento general de la población debía haberse aprobado el estado de excepción.