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España

El Gobierno sostiene que sus pactos con Junts "siempre" están dentro de la Constitución

La ministra Elma Saiz atiende a los medios de comunicación.

La ministra Elma Saiz atiende a los medios de comunicación. / OLIVIER HOSLET / efe

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que el Gobierno está "siempre dentro de un marco constitucional", en referencia al pacto entre el PSOE y Junts para traspasar a Cataluña las competencias sobre inmigración, acuerdo que deberá desarrollarse en una ley orgánica.

"Estamos siempre dentro de un marco constitucional y de una negociación realizada entre partidos", ha declarado la ministra a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) que se celebra en la ciudad belga de Namur. Saiz ha recalcado que dentro del marco de la Constitución "se establece una delegación de competencias que tendrán que ser desarrolladas por una ley orgánica que hay que elaborar, que hay que trabajar". También ha reconocido que "hay que buscar los consensos necesarios para sacarlas adelante".

Preguntada por si el Ejecutivo teme que la ley orgánica que desarrolle el pacto sobre la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración sea declarada inconstitucional, ha señalado que el Gobierno "trabaja con seguridad jurídica". Ha añadido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siempre busca los acuerdos, el diálogo entre administraciones, con una finalidad clara", y en ese sentido ha mencionado "la mejora de los servicios públicos, la mejora en la protección social y la mejor prestación de servicios a los ciudadanos".

Inmigración

En el caso concreto de la inmigración, ha afirmado que "indudablemente en el centro está el respeto a los derechos humanos". "Vamos a trabajar como venimos haciendo, en la búsqueda de consensos y diálogos, y con total seguridad jurídica", ha expuesto.

El acuerdo con Junts para tratar de salvar el pasado miércoles los primeros decretos ley de la legislatura pasa por la promesa del Ejecutivo de traspasar a la Generalitat las competencias de inmigración, funciones que actualmente ostenta el Gobierno de España.

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