La juez Carmen Lamela ha procesado al ex jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, al ex director del cuerpo Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, por sedición y pertenencia a banda criminal en relación al asedio a la Conselleria de Economía y por el 1-O.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de procesamiento, paso previo a la apertura de juicio, en el que también encausa, aunque en este caso sólo por un delito de sedición por el citado asedio, a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

La instructora acusa a los mandos policiales de maquillar la inactividad de los agentes el 1-O

Lamela, que les comunicará el auto de procesamiento el próximo 16 de abril, ve indicios de delito en estas cuatro personas por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Sobre ellos pesan las medidas cautelares de retirada del pasaporte, comparecencias ante el juzgado y prohibición de salida del país.

A Trapero, Puig y Soler les imputa un delito de organización criminal, mientras que en el caso del de sedición establece una diferencia entre ellos, ya que a Trapero le atribuye dos delitos y a los otros sólo uno al atribuirles sólo responsabilidad el 1-O.

Considera la juez que los cuatro procesados incurrieron en sedición (penado con hasta 15 años de cárcel) y no en rebelión (entre 15 y 25 años), por el que están procesadas 13 personas en el Tribunal Supremo, porque no aprecia que concurriera "el elemento de la violencia" en el asedio del 20 de septiembre y el 1-O, cuando una "masa de personas" se concentró "de forma tumultuosa".

Lamela cree que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña" Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.

En el auto, de 37 páginas, la juez relata que los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir "el plan estratégico hacia la independencia", siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig.

Así, Lamela considera que estos dos últimos y Trapero formaban parte de una "organización criminal" en la que obedecían "a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas".

Se dan en su caso los requisitos del delito de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, así como de reparto de tareas y planificación, todo ello bajo la dirección de Puigdemont desde hace más de dos años.

El 1 de octubre, la juez ve un plan de la cúpula de los Mossos que dio lugar a la "total inactividad" de sus agentes y que se enmascaró "bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad". De hecho, los agentes autonómicos llegaron a usar en sus comunicaciones por la emisora corporativa un código, Clave 21, para pasar un canal alternativo de comunicación mediante teléfonos móviles, donde reportaban informaciones o incidencias que no debían transmitir por el canal de radio oficial.