El pleno que el Parlament de Cataluña celebraba desde el pasado martes se aplazó ayer hasta la semana que viene.

El presidente de la Cámara, Roger Torrent, pospuso la última sesión del Debate de Política General, que debía celebrarse ayer a las 12:00 y que se fue retrasando por la polémica de JxCat y ERC sobre cómo aplicar las suspensiones de los diputados dictadas por el Tribunal Supremo.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que lo había decidido la Junta de Portavoces a petición de algunos grupos, teniendo en cuenta que aún se debía celebrar una reunión de la Mesa y de la Junta para abordar varias peticiones de reconsideración, por lo que el pleno iba a comenzar muy tarde.

Otras fuentes parlamentarias afirmaron que el pleno será la semana que viene, con toda probabilidad el martes por la tarde: si no hay más contratiempos, con dos horas debería bastar para votar las propuestas de resolución de los grupos y cerrar el debate.

Las mismas fuentes señalaron que la fecha acabará de decidirse hoy y, si se confirma que es el martes, la próxima semana habrá tres plenos: el final del Debate de Política General, uno monográfico de Ciudadanos sobre convivencia, y otro ordinario.

El Debate de Política General se pospuso sin resolverse la principal incógnita: los letrados de la Cámara advirtieron ayer de que el documento que presentó JxCat para que votaran sus diputados procesados podría contravenir el auto del Supremo.

El Parlament vivió ayer uno de los días más intensos de la legislatura: la jornada se abrió con una crisis entre JxCat y ERC porque no se ponían de acuerdo sobre cómo afrontar el tema de los diputados suspendidos. Y cuando lo hicieron, los letrados advirtieron de que este acuerdo tenía fisuras.

La opinión de los letrados no es vinculante, por lo que Torrent podría celebrar el pleno, pero grupos de la oposición como Cs y PSC anunciaron medidas legales porque consideran que no se estaba acatando al Supremo.

La controversia vivida en la Cámara dejó en un segundo plano las resoluciones que estaba previsto que el Parlament aprobara ayer, como una que pretendía reprobar al Rey, y otra que pedía un referéndum pactado con el Gobierno central sin fijar plazos para la negociación.

En este sentido, el Gobierno reiteró ayer que no acepta ultimátums como el del president de la Generalitat, Quim Torra, que dio el miércoles un mes al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez para presentar una propuesta de referéndum de autodeterminación. "El Gobierno no acepta ultimátums y menos de posiciones inconstitucionales e ilegales. Ya lo hemos dicho antes pero lo podemos volver a repetir", señaló la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó ayer al PP de ser "la otra cara del señor (presidente de la Generalitat catalana, Quim) Torra" al contribuir "a elevar la crispación en este país".

"No están distendiendo la situación para que haya diálogo, ustedes crispan", subrayó Montero durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado en respuesta al senador del PP Guillermo Martínez Arcas.

Al tiempo, Torra reafirmaba en un tuit su ultimátum de un mes al Gobierno de Sánchez para que proponga un referéndum de autodeterminación. "Nosotros -escribió- mantendremos siempre las puertas abiertas a la negociación con España y a la mediación internacional. Pero, como dije ayer (por el martes), el independentismo dejará de dar al presidente Sánchez cualquier tipo de estabilidad en el Congreso a partir de noviembre"