Puigdemont echa leña al fuego: "Es un golpe de Estado prohibir el 1-O"

El incendio político en Cataluña recibió ayer otro lote de bidones de gasolina. Lo proporcionó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que subió un peldaño más en la escalada dialéctica contra el Gobierno al equiparar la prohibición del referéndum del 1 de octubre con un golpe de Estado.

El jefe del Govern pareció dar síntomas de empezar el día sin ganas de confrontación: en la presentación del despliegue de competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), Puigdemont se mostró reacio a replicar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el fin de semana advirtió a los independentistas que "en sus manos está lo que pueda pasar en las próximas fechas".

Pero ese silencio del presidente catalán fue un espejismo. En el inicio de la semana clave para la aprobación del marco legal del referéndum del 1-O, Puigdemont acabó respondiendo al jefe del Ejecutivo, que con anterioridad dejó claro ante la Junta Directiva Nacional del PP que va a preservar la unidad de España y no consentirá "la estafa" a la democracia que persigue el Gobierno de Cataluña. Rajoy insistió en que el referéndum es "ilegal" y que su obligación es hacer cumplir la ley.

Para Puigdemont, un referéndum "nunca puede ser calificado de estafa", ésta sería "impedir su celebración". El presidente de la Generalitat subrayó que con las "urnas nunca se hace un golpe de Estado" puesto que un "golpe de Estado sería prohibirlas".

Puigdemont, que ya horas antes sacó pecho con la presentación de la ATC junto al vicepresidente catalán Oriol Junqueras, exhibió después el apoyo al referéndum del premio Nobel de la Paz Ahmed Galai, vicepresidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, una de las cuatro organizaciones que forman el Cuarteto Nacional de Diálogo en Túnez.

Puigdemont remarcó que un referéndum como el del 1-O es "sinónimo de democracia en todo el mundo", y avisó al Gobierno de que "cualquier intento de impedir el referéndum por la vía judicial o política está destinado al fracaso, porque la democracia es imparable". El presidente de la Generalitat quiso así enfatizar que la consulta independentista se hará la fecha fijada con "plena normalidad" y con "todas las garantías homologables" a nivel internacional. "Creemos en la democracia, y los problemas en democracia se resuelven votando para conocer el deseo mayoritario de los catalanes", porque votar es la "mejor de las herramientas".

Rajoy insiste que las que usan los secesionistas son ilegales. Ayer volvió a recordar que quienes promueven el referéndum no lo pueden celebrar porque no tienen la competencia para hacerlo, no se la otorgan la Constitución ni la ley, y porque una parte de España no puede decidir privando al resto el derecho a decidir sobre su país.

El presidente abundó en sus críticas a los secesionistas que pretenden hacer todo el recorrido "en un solo día": calificar la ley, quitar a la oposición su derecho al debate o que vaya al Comité de Garantías Estatutarias a pedir un dictámen sobre lo que quieren aprobar los independentistas, saltarse todos los trámites legales que utilizan todos los parlamentos "civilizados", aprobar una ley "ilegal" y convocar el referéndum "ilegal". "Ese es el legado que algunos van a dejar de su actividad política", sentenció el presidente.

Tampoco la ATC, de la que presumieron Puigdemont y Junqueras -"está preparada para aplicar el resultado del 1-O" con un potencial de recaudación de 42.000 millones de euros, según los dos dirigentes catalanes-, tiene un futuro más halagüeño. El Ministerio de Hacienda recordó ayer el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y lanzó la advertencia de que hacerlo indebidamente ante la ATC puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal. El departamento que dirige Cristóbal Montoro recalcó que, si bien Cataluña es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar, y por ello avisó a los contribuyentes que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que "se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas".

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la ATC necesitaría ampliar su plantilla en más de 4.000 nuevos efectivos para poder asumir las competencias de los tributos estatales si se consumara la independencia.