EL lunes 25 de junio, cuatro días antes de que se celebrara el Consejo Europeo, el presidente del Gobierno compareció en la Asamblea de la CEOE y anunció medidas "duras y difíciles" para todos los españoles.

Sabía lo que le esperaba en Bruselas, sabía que la ayuda a los bancos en dificultades tenían unas contraprestaciones de obligado cumplimiento y sabía que esas medidas necesariamente le colocaban en la incómoda situación de tomar decisiones que iban en contra de aquello que siempre había defendido, como por ejemplo el incremento del IVA, que sin embargo su ministro de Economía consideró indispensable desde el mismo día que accedió al cargo. En la reunión del Consejo, que salió tal como esperaba Mariano Rajoy gracias a su alianza con Mario Monti, el presidente español recibió palmadas en la espalda de sus colegas europeos, pero no se llamó a engaño: había llegado el momento de anunciar las medidas "duras y difíciles" que había augurado a los empresarios.

Desde el primer momento tuvo claro que era él quien debía hacer ese anuncio, el más importante de su Presidencia, el más importante de su carrera política. Debía dar la cara, de manera que si alguien tenía la tentación de partírsela a algún responsable de su penuria, fuera él mismo quien recibiera los golpes, no los titulares de Economía o de Hacienda. Con su equipo de Moncloa -Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas, Carmen Martínez Castro- barajaron la posibilidad de realizar una comparecencia pública, una rueda de prensa o una entrevista televisada, pero hubo unanimidad en que los anuncios eran de tal relevancia que tenían que hacerse en sede parlamentaria. Y puesto que debía informar en el pleno del Congreso de los Diputados de los resultados de la cumbre europeo, ésa era la ocasión idónea para presentar su plan de ajuste.

Sólo dispusieron de dos semanas para preparar los ajustes y para redactar el discurso de Rajoy y las fichas con los datos necesarios para replicar a la oposición. Se pidieron papeles a los diferentes ministerios y, como es habitual en Rajoy, la coordinación quedó en manos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Las reuniones se celebraron en el despacho de la vicepresidenta, en un edificio del complejo de Moncloa construido en tiempos de Zapatero y que inauguró María Teresa Fernández de la Vega. Un despacho muy espacioso con una gran mesa de reuniones. Allí pasaron horas la vicepresidenta y el responsable de la Oficina Económica de la Presidencia, Ávaro Nadal, con sus equipos, en contacto permanente con Rajoy y con los ministros De Guindos y Montoro.

También participó en alguna de la reuniones el sociólogo de cabecera del presidente, Pedro Arriola. Por otra parte, las dos reuniones últimas de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estuvieron dedicadas en exclusividad a preparar las medidas de ajuste que anunciaría el presidente el miércoles, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves y la del Consejo de Ministros del viernes. Con el Gobierno de Rajoy, la Comisión ha cobrado más relevancia incluso que el propio Consejo de Ministros, puesto que la situación de emergencia obliga a dar prioridad a la Economía. La prueba es que, por primera vez, el presidente del Gobierno preside semanalmente la sesión de trabajo de los ministros del área económica con sus secretarios de Estado y subsecretarios, con Álvaro Nadal como secretario permanente de la Comisión.

Desde el primer día en el que se empezó a preparar en el despacho de Sáenz de Santamaría la comparecencia parlamentaria de Mariano Rajoy, hubo coincidencia en que entre las medidas tenían que estar la subida del IVA y la reducción del gasto de las nóminas de funcionarios. Se barajó la posibilidad de rebajar los salarios y finalmente se optó por la eliminación de una de las pagas extraordinarias, pero haciendo hincapié en que sería de forma temporal y que los miembros del Gobierno también bajarían su salario en la misma proporción. Se analizaron en profundidad los informes de las comunidades autónomas y hubo gran irritación cuando se vio que sus gobiernos no habían tomado medida ninguna relacionada con la eliminación de organismos públicos inoperantes o insostenibles económicamente. Alguna incluso ha gastado más en lugar de menos.

El informe del Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Antonio Beteta, era demoledor desde el punto de vista de la falta de control de las bajas de los funcionarios, el absentismo, la falta de flexibilidad de horarios o de movilidad. Hubo unanimidad en exigir que se rigieran por las mismas normas laborales que los trabajadores del sector privado, excepto en la temporalidad de los contratos. También se aceptó la propuesta de la ministra de Trabajo para que, a partir de los seis meses de paro, se redujera la prestación, con un informe que demostraba que en años anteriores -no en los dos últimos, en los que es imposible encontrar nuevo trabajo- los parados cobraban la prestación por desempleo hasta un mes antes de su finalización, lo que indicaba que no buscaban trabajo hasta llegar al tiempo límite en que dejaban de recibir dicha ayuda.

Han sido dos semanas de trabajo duro en el complejo de Moncloa. ¿Cómo ha estado Rajoy en estos días de su Gobierno? Pues como dice uno de sus colaboradores: "Jodido, pero convencido de que hace lo que tiene que hacer".