El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz insiste en pedir a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, que cuantifique en un plazo de cinco días "la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular por el Impuesto sobre Sociedades de 2008" en relación con las donaciones que recibió en este ejercicio.

El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que califica de "infundado y contradictorio" el criterio de la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Marga García Valdecasas, quien señaló que el organismo tributario no estaba "en disposición de cumplimentar" el requerimiento judicial y reiteraba que los peritos asignados a la causa ratificaron el pasado 11 de febrero que la formación no estaba obligada a tributar por estas aportaciones.

Además, el juez acuerda requerir de la misma unidad de auxilio judicial que determine las "consecuencias" fiscales en el Impuesto sobre el IVA que podría afrontar el PP por los pagos en negro de 1,71 millones de euros que realizó al estudio de arquitectura Unifica, que llevó a cabo las obras de reforma de su sede, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2010.

Según Ruz, el criterio de la Agencia Tributaria parte de "un deficiente entendimiento del contenido y alcance de la labor auxiliadora a la instrucción que legalmente corresponde" a este organismo, al tiempo que revela "una errónea comprensión de la naturaleza de la función instructora en sede jurisdiccional penal", ya que de admitirse por "válida" su respuesta "se estaría privando al instructor de la dirección de la investigación".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que la Agencia Tributaria remitirá la información que le ha solicitado Ruz y recordó que el organismo "está permanentemente colaborando con la Justicia".