El Senado no tiene capacidad para vetar de modo permanente las leyes que aprueba el Congreso, las puede enmendar e, incluso, rechazar, pero al cabo de los dos meses como máximo el texto regresa a la Cámara, donde los diputados pueden votar en contra y recuperar el original. Esto ocurrirá, por ejemplo, con la ley de amnistía. Pero hay una excepción, una rareza del bicameralismo español: los objetivos de déficit y deuda del Estado sí deben contar con la aprobación de las dos cámaras.

La obligación de las administraciones españolas de no incurrir en déficit proviene de la reforma de la Constitución pactada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante los primeros años de la crisis financiera. Es el artículo 135, que se desarrolló mediante una ley de estabilidad presupuestaria, que es la que marca el requisito de que los objetivos fiscales sean aprobados por las dos Cámaras. 

Los anteriores

Desde que se conoció que Pedro Sánchez podría volver a ser presidente como consecuencia de los elecciones del 23 de julio, el PSOE ha sabido que el veto del Senado a los objetivos fiscales, los que definen el déficit y la deuda, supone un obstáculo casi insalvable para tramitar los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un paso previo, pero imprescindible, a la presentación del proyecto de ley. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que podría solventar esta barrera en virtud de un informe de la Abogacía del Estado que indica que si no hubiese nuevos objetivos fiscales, se volverían a los anteriores. ¿Cuáles? Los contenidos en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas en el mes de abril pasado. 

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que serían los que estarían en vigor si no se aprueban unos nuevos, no contiene criterios fiscales, porque éstos fueron suspendidos por Bruselas como consecuencia de la pandemia. De hecho, la Comisión Europea aún no ha acordado cómo serán esos criterios en 2024, porque los ministros de Finanzas aún no han alcanzado un consenso.

Según la teoría del Ministerio de Hacienda, avalada por un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos que entrarían en vigor serían los enviados a Bruselas en abril. Eso supone un 3% de déficit para la administración general, un 0,1% para las comunidades autónomas y un superávit del 2% para los ayuntamientos. Esta cifra positiva contrarrestaría el déficit de la Seguridad Social.

Pero en octubre pasado, Hacienda envió otro plan a Bruselas, el llamado Plan Presupuestario. A diferencia del de abril (Plan de Estabilidad), el presupuestario permitía un déficit del 0,1% para las comunidades, del 0% para los ayuntamientos, el 2,7% para la administración general y del 0,2% para la Seguridad Social. Estos son los objetivos que María Jesús Montero llevará al Senado, donde lo más probable es que el PP los rechace para impedir que se tramite la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Según Montero, si eso ocurriese, si hubiese veto, entrarían en vigor el objetivo del plan de abril, que es más duro para las comunidades autónomas, pero que permitiría tramitar el proyecto de Presupuesto de 2024. Éste sí puede ser aprobado de modo definitivo con el respaldo del Congreso, porque el Senado sólo podría rechazarlo durante dos meses. Es la diferencia de trámites bicamerales entre la ley y los objetivos fiscales. Por eso, Montero aseguró este lunes que "sí o sí, habrá proyecto de Presupuestos".

Sin embargo, es dudoso que haya que recurrir a los objetivos de abril, aunque la ministra asegura que cuenta con un informe de la Abogacía del Estado. ¿Por qué a los de abril y no al de octubre, si el déficit total de España como país es del 3% en ambos casos?

El de abril es más duro para las comunidades, y Montero intenta que sean las autonomías gobernadas del PP, que son todas menos tres, las que impidan el veto del grupo popular en el Senado. Es una toma de rehenes poco efectiva si se consideran antecedentes similares en los que estuvieron implicados los ayuntamientos. 

La mayor parte de las comunidades, caso de la Junta de Andalucía, ya están tramitando sus presupuestos autonómicos en los parlamentos regionales con el déficit del 0,1%. ¿Qué ocurriría si el Senado no apoyase esos objetivos? Según la ministra, los presupuestos serían ilegales. También los de los ayuntamientos. Se generaría, en su opinión, "una situación kafkiana" en todo el país.

Es una posibilidad, pero no es una previsión al cien por cien cierta. De momento, el próximo 1 de enero se prorrogarán de modo automático los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que no contiene reglas fiscales, sólo recomendaciones. Antes, es de suponer que los ministros de Finanzas alcancen un acuerdo sobre los objetivos y esós serán los que España deba encajar con o sin el visto bueno del Senado. ¿Cómo? Ésa es la cuestión irresuelta.