Iñaki Urdangarin aseguró ante el juez del caso Nóos, José Castro, que la infanta Cristina no era secretaria de la sociedad Aizoon SL, una de las investigadas en la causa, y así lo alegó en el escrito que presentó al magistrado en el que se adhiere al recurso del fiscal contra la imputación de su esposa. Este escrito forma parte de uno de los dos últimos tomos del sumario de esta causa en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, asegura en su escrito que el instructor comete un "error importante" en el auto en el que imputó a la infanta, al referirse a doña Cristina como secretaria de la sociedad Aizoon. El letrado añade que Aizoon es una sociedad de responsabilidad limitada, regida exclusivamente por un administrador único, Urdangarin, sin que exista la figura de secretario, reservada para los supuestos en los que existe un consejo de administración, "que no es el caso" de esta empresa. La representación de Urdangarin precisa que la infanta era la secretaria de las juntas generales de la sociedad "constatando la incorrecta atribución que el juez efectuaba".

En otro escrito presentado recientemente al juez, Urdangarin insiste en la impugnación de la autenticidad de los correos electrónicos aportados por Diego Torres y reitera que su entrada y revisión en el disco duro en poder de su ex socio supone la vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, por lo que advierte de su nulidad.

En el sumario también consta el escrito del secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, en el que se adhiere al recurso del fiscal contra la imputación de la duquesa de Palma. En su escrito, García Revenga asegura que no cruzó correo electrónico alguno con Torres y que ni él ni la infanta Cristina tuvieron conocimiento alguno de los términos en los que el Instituto Nóos desarrollaba sus actividades. Aclara que es cierto que el nombre de la infanta aparecía en un folleto de presentación del instituto junto con el de Carlos García Revenga, "si bien no existe constancia de que fuera empleado con o sin el consentimiento" de uno u otro en gestiones de la entidad.

Añade que también es cierto que fueron miembros de la junta directiva del Instituto Nóos entre 2003 y 2006 pero asegura que no consta que recibiera un trato privilegiado por el hecho de que en el citado folleto figurasen sus nombres. García Revenga advierte del "daño irreversible" a su reputación y a la de la infanta, causado por sus imputaciones en esta causa, sin que con ello quiera recurrir al tópico de la llamada "pena de banquillo".

También figura en el sumario el escrito en el que la Abogacía del Estado se adhiere al recurso del fiscal contra la imputación de la infanta, en el que señala que no existe indicio de delito fiscal respecto a la infanta, más allá de ser titular del 50 por ciento de la sociedad Aizoon. Aclara que "los delitos perseguidos lo son por el impuesto de sociedades de 2007 del Instituto Nóos y por el IRPF de Urdangarin de 2007 y 2008". La Abogacía del Estado explica que en Nóos la infanta sólo era vocal y que las decisiones las tomaba el comité de dirección, del que estaba excluida, y que consta su presencia solo en una ocasión en el instituto por motivos personales ajenos a la entidad.