El juez Eloy Velasco ha procesado a la abogada Arantza Zulueta y a otras 46 personas por integrar el frente de cárceles de ETA o KT bajo la cobertura de organizaciones de las que formaban parte como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira, el de familiares de presos Etxerat o la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi. Precisamente este viernes y en relación con esta causa, el Tribunal Supremo ha procesado también al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga al apreciar indicios de que formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo su disciplina y estructura.

Zulueta y otros siete detenidos en la llamada operación Jaque, entre ellos el también abogado Jon Enparantza, ingresaron en prisión por estos hechos en enero de 2014, y a esta operación le sucedieron después otras dos en 2015, Mate y Pastor, relacionadas con este entramado de apoyo a los presos etarras. Estos abogados están también procesados como responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, desarticulado en 2010 y que supuestamente también integraba el senador Iñaki Goioaga, y la Fiscalía ha pedido esta misma semana condenar a Zulueta a 19 años de cárcel por esta primera trama de apoyo a los presos de ETA.

En el auto, de 104 páginas, Velasco analiza cada uno de los órganos que conforman esta estructura, entre ellos el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) cuya función principal era dirigir el EPPK de forma integral y también era utilizado por ETA para "dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad".

Velasco explica además que existe un núcleo de coordinación KG, que es el órgano permanente y estable formado por las organizaciones que integran el "frente de cárceles" y que se encarga de la transmisión de las necesidades económicas de las organizaciones que participan en sus reuniones para una mejor distribución de los fondos económicos que obtiene Herrira a través de su estructura denominada Red Sostengu.

La labor jurídica la prestaría el Colectivo de Abogados-BL, un grupo de letrados cuya función consiste en la asistencia jurídica y política de los presos de ETA, de la que se deriva un adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias sistemáticamente organizadas. Además se encargaban de recopilar información sobre los reclusos para permitírsela después a la dirección de la banda terrorista y de su ámbito de actuación quedaban excluidos aquellos presos "arrepentidos" que han asumido la legalidad penitenciaria, como los que se han acogido a la vía Nanclares.

Entre este grupo de abogados, procesados por integración o colaboración con organización terrorista, se encuentran Alfonso Zenón, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregui, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Carrera y Atxarte Salvador.

Respecto de Herrira, para la que Velasco decretó en su día la suspensión de actividades, el juez asegura que llegó a ocupar el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna en el control y cohesión de los presos, así como que se encargaba de planificar, convocar y dar el soporte a los actos de enaltecimiento de los presos de ETA y de su ideario. Herrira también se encargaba supuestamente de la ayuda económica a los presos a través de su aparato de tesorería Sostengu y de hecho la investigación ha permitido determinar que las cantidades abonadas por esta organización eran de 125 euros para presos encarcelados en España y de 155 para los que están en Francia u otros países.

Todos los miembros de la Dirección Nacional de Herrira eran conscientes, según el juez, de que sus actividades, enmarcadas en el "frente de cárceles", respondían a su integración en ETA y la financiación de dicho frente. Los 19 integrantes de la Dirección Nacional son procesados por integración o colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo de forma continuada y quebrantamiento de la medida cautelar de prohibición de actividades. El auto analiza también las actividades desarrolladas por miembros de la asociación Jaiki Hadi de asistencia sanitaria y psicológica a miembros del EPPK dentro del "frente de cárceles" y de Etxerat, cuyos responsables se encargaban de coordinar las actividades de esta asociación de familiares de presos siguiendo "las directrices de ETA".