La Abogacía del Estado denuncia un "juicio paralelo" a García Ortiz y confía en que no afecte a la "independencia" para sentenciar

La defensa del fiscal general del Estado ha denunciado que el juicio por presunta revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz ha estado "marcado por un contexto mediático excepcional", que ha podido generar "un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas" que han afectado a su derecho a la defensa.

"Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha dejado claro el abogado del Estado José Ignacio Ocio en el inicio de su informe final con el que sustentará su petición de absolución del fiscal general del Estado, acusado de filtrar un correo con la admisión de dos delitos por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El abogado del Estado ha apelado a la "serenidad, independencia y objetividad" con la que los magistrados del Tribunal Supremo deben dictar sentencia.

Y de inmediato, como ya hiciera en las cuestiones previas al comienzo del juicio, ha pedido nuevamente la "nulidad" de los registros en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid, cuyos informes son claves en la causa.

Porque, tras escuchar a los agentes de la UCO que elaboraron dichos informes, ha quedado claro que existió "una orden concreta" del magistrado "que no fue cumplida" por los investigadores porque "se clonó y se copió sin cobertura legal".

Esto es, "esa diligencia se ejecutó en unos términos no contemplados en el auto", ya que se hizo una copia total de los dispositivos electrónicos y no parcial acotada al marco temporal que dictó el instructor, del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024.

Además, no se ha producido un expurgo de toda esa documentación intervenida que se encuentra en manos del instructor, lo que supone, en su opinión, una vulneración de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Abogacía sostiene también que "González Amador era perfectamente conocedor de las consecuencias reputacionales" que su caso podía ocasionar a Isabel Diaz Ayuso y, junto al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Angel Rodríguez, "idearon una estrategia comunicativa tendente a minimizar" las consecuencias que esos problemas tributarios pudieran ocasionar.