El juez decreta prisión sin fianza para el tesorero de CDC

El juez que investiga el caso del 3% ha decretado prisión sin fianza para el tesorero de CDC, Andreu Viloca, acusado de seis delitos de corrupción, la víspera de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparezca en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre el presunto pago de comisiones. Según han informado fuentes jurídicas, el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha encarcelado a Viloca, tal y como solicitaba la Fiscalía, por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil.

Para acordar la prisión incondicional, el juez ha estimado que existe riesgo de que Viloca destruya pruebas incriminatorias, teniendo en cuenta que en el registro que la Guardia Civil practicó en su despacho el pasado mes de agosto se halló una trituradora de papeles con un documento en su interior, que los agentes ya han logrado reconstruir.

Por el contrario, han quedado en libertad con cargos el directivo de la empresa TEC 4 Antonio García Bragado, detenido el miércoles ante los indicios de que pudo pagar comisiones ilícitas, y los dos empleados del área financiera de CDC: el secretario del patronato de la fundación Catdem, Carlos del Pozo, y la administrativa Anna Dolors Benítez. Los tres detenidos, que como el resto de arrestados han pasado la noche en comisaría, deberán comparecer ante el juez instructor cuando les cite a declarar como imputados.

A las diez personas detenidas en la tercera fase de la operación Petrum, se ha sumado el directivo de la empresa Urbaser Jordi Duran, que se encontraba de viaje en Cuba y a quien la Guardia Civil ha arrestado tras aterrizar en el aeropuerto madrileño de Barajas. La empresa Urbaser -filial de ACS dedicada al sector del medio ambiente y que fue registrada en la operación- formaba parte de la UTE que se hizo en 2011 con el contrato de recogida de residuos de Olot (Gerona), por un valor de 2,5 millones de euros anuales, y figura entre las sociedades que han hecho donaciones a la formación nacionalista.

El empresario podría pasar a disposición del juez a lo largo del viernes, como lo hará el director general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, para quien la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir también prisión sin fianza, han informado fuentes jurídicas. Mientras tanto, la Guardia Civil tiene en sus manos una copia de la aplicación informática con la contabilidad de CDC -que es compartida con la fundación Catdem- que fue intervenida en el registro de la sede de la formación nacionalista, que duró más de doce horas. El coordinador de Régimen Interno de CDC, Francesc Sánchez, ha afirmado que la documentación contable incautada por la Guardia Civil está registrada ante los organismos de control pertinentes, sin que exista ningún tipo de financiación irregular en su partido.

Precisamente, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparecerá este viernes en la Diputación Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre los registros policiales en la sede de su partido, después de que el miércoles solicitara acudir a la cámara catalana. La celeridad de la comparecencia le evitará confrontarse con ningún representante de la CUP ya que este partido, que estudia si inviste a Mas presidente, no está en la Diputación Permanente puesto que el nuevo Parlamento, en el que tiene más representación tras el 27-S, no se constituye hasta el lunes.

El consejero de Presidencia, Francesc Homs (CDC), ya ha criticado que la Guardia Civil acudiera a la sede de su partido con "exhibicionismo" y tratándoles como a "una pandilla de delincuentes", mientras que el coordinador general de la formación, Josep Rull, ha pedido que el caso del 3% no afecte a la negociación entre Junts pel sí y la CUP de cara al proceso independentista.