La instrucción se limitará a 18 meses y la figura de "imputado" se sustituirá por "investigado"

El Gobierno aprobó ayer la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses y sustituye el término imputado por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la ley responde a "una demanda social muy clara" para agilizar las causas y "muy especialmente las relacionadas contra la corrupción".

En relación al cambio del término imputado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que en la actualidad se ha llegado a asociar a esa figura una "preculpabilidad" e, incluso, se han abierto debates sobre la conveniencia de que imputados formen parte de las listas electorales, si bien la nueva denominación "no tiene que ver con ningún debate político". Al respecto, señaló que el término "investigado" es "bastante más coherente" con la fase de investigación y permite "fortalecer la presunción de inocencia que lógicamente debe acompañar a cualquier ciudadano antes de una condena".

La reforma procesal limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal. Sobre este asunto, Catalá rechazó que la introducción de plazos suponga un trato de favor hacia los imputados ya que "el juez puede ir ampliando los plazos si lo considera necesario", por lo tanto, dijo, "ninguna impunidad en este sentido".

El Gobierno ha optado además por eliminar la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa. Asimismo, la reforma amplía la figura del decomiso para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, se regulará por primera vez la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico, además de mejorar la regulación de los juicios rápidos. También introducirá la figura del policía encubierto, que podrá investigar en internet con una identidad falsa.