El juez cree que "más personas" podrían "haberse lucrado" y cifra el "botín" de los presuntos amaños en 5 millones

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el exdirigente del PSOE Santos Cerdán, a quien atribuye un "específico papel" en la trama, con indicios de que recibió y repartió "mordidas" de constructoras por adjudicaciones irregulares.

El juez cree que "más personas, físicas o jurídicas", además de éste primero, el exministro José Luis Ábalos, o su exasesor Koldo García "pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones" de obra pública, cifrando el "botín" de esos amaños en 5 millones de euros.

Así se recoge en el auto, por el que el magistrado Leopoldo Puente ha acordado prisión provisional y sin fianza para Cerdán, a quien considera como el encargado de pedir a "las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas" y luego repartirlas entre la trama.

El instructor afirma que "el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas".

"En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones --porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes-- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García", destaca.

Para el instructor, "ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones". "Eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento", advierte.

Las fuentes jurídicas indican que Cerdán ha negado cualquier implicación en la presunta trama, negando también pagos al PSOE, al tiempo que ha asegurado que su irrupción en la causa es fruto de una cacería política por ser "el arquitecto" de los gobiernos progresistas.

Tras tomarle declaración por primera vez desde que dimitió como secretario de Organización socialista, el magistrado ha atendido a la petición de la Fiscalía y de las acusaciones al considerar que existe un "homogéneo y consistente conjunto de indicios (...) verdaderamente extraordinario" de que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Así lo explica en el auto donde acuerda la medida más gravosa desde que abrió la causa, que también se dirige contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes tienen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

La razón, según el magistrado, es el "peligro fundado" de que el ex número 3 del PSOE pueda "ocultar, alterar o destruir" pruebas porque, a diferencia de los otros investigados, no ha sido objeto de un registro policial, ni tampoco se ha practicado aún "la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial", ya encargada a la UCO.

El magistrado, que rechaza que haya riesgo de fuga o de reiteración delictiva, habla del estado "muy inicial" de una investigación en la que, sin embargo, "se le atribuyen indicios muy consistentes".

El encargado de percibir y repartir 'mordidas'

El juez destaca el "específico papel" que tendría Santos Cerdán en la trama en la que ubica junto a él a Ábalos y a Koldo García, quienes "en compañía y con el auxilio de terceros", podrían haber conformado una organización criminal orientada "a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".

Santos Cerdán, explica, sería "quien se encargaba de reclamar a las constructoras" las cantidades adeudadas, "las recaudaba y las hacia llegar después" a Ábalos y Koldo García, con quienes tendría un "relación vertical" de "cierta preeminencia".

Él sería, subraya, "el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos" obtenidos, y recuerda que, según las conversaciones grabadas por Koldo García, era a Santos Cerdán a quien pedían "inequívocamente" las cantidades adeudadas, e incluso él mismo se comprometió a reclamarlas.

Resalta así la "posición funcional" de Santos Cerdán en la trama, al ser quien, presuntamente, "interactuaba con las empresas" adjudicatarias, se comprometía a reclamar los pagos, y los distribuía, "al menos", a Ábalos y a Koldo García, quienes, sin embargo, podrían desconocer quiénes eran los supuestos corruptores y cuánto pagaban.

Obras de más de 500 millones

El magistrado da importancia al total de obras adjudicadas a Acciona que están bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostiene que "el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para" Ábalos y García se sitúa en torno a un millón de euros.

Esta cantidad, dice, es "un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas", y lanza por hipótesis: si el "premio" fuese un 1% del valor de las adjudicaciones -"porcentaje aún muy contenido"-, este "equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros".

Algo que, concluye, "refuerza" la idea de que más personas, "físicas o jurídicas" se puedan haber lucrado.

El juez destaca también el "elocuente denominador común" de las obras presuntamente amañadas en diferentes provincias (Logroño, Sevilla, Murcia, Barcelona): todas fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que concurría en UTE con empresas de menor envergadura, sin que en ningún caso la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, sino que fue favorecida por criterios de valoración subjetiva.

Ni audios manipulados ni Koldo como 'agente encubierto'

El juez pone en valor las "tan explícitas" conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García, en las que intervienen Cerdán y Ábalos, y cuyo "inequívoco contenido" el exdirigente socialista no ha cuestionado, sino que ha señalado que no recuerda haberlas mantenido.

Esas conversaciones se hallaron en el registro policial a quien "por algún motivo no difícil de imaginar" decidió grabarlas primero y después conservarlas, dice el juez, que rechaza que se produjesen con el "propósito inmediato" de denunciar los hechos, de modo que "parece difícilmente concebible" que no hubieran existido o que estén manipuladas por Koldo García mediante inteligencia artificial.

Y si Koldo no las manipuló, "menos todavía podría haberlo" la Guardia Civil, de modo que, subraya el juez, ni estamos ante un "delito provocado" ni hay "elemento alguno" para considerar "como hipótesis mínimamente" que el exasesor fuese un "agente encubierto o provocador".

Rechaza así el principal argumento de defensa esgrimido este lunes por Cerdán acerca de una supuesta persecución política por negociar con PNV y EH Bildu la investidura de un "Gobierno progresista".