La juez abre juicio oral a la pareja de Díaz Ayuso por defraudar a Hacienda

La juez ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y servirse de una trama de facturas falsas, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

En un auto fechado este lunes, el Juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Además, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Madrid.

Además de González Amador, la juez ha decidido sentar en el banquillo a otros cuatro empresarios, todos ellos por los mismos delitos de los que se acusa a la pareja de Díaz Ayuso.

En este caso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden condenar tres años y nueve meses a González Amador como autor y a cuatro empresarios como cooperadores necesarios por delitos contra la Hacienda pública en concurso con falsedad en documento mercantil por defraudar presuntamente el impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por Más Madrid y el PSOE, piden también condenar a González Amador y al resto de empresarios por un delito continuado contable y por pertenencia a grupo criminal, sumando así dos ilícitos a los que atribuyen la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Intento de retrasar el juicio

La apertura de juicio se dicta poco después de que la jueza rechazara el intento de la defensa del novio de Ayuso de retrasar esta decisión hasta la resolución de los recursos interpuestos contra el procesamiento al no apreciar "causa para ello".

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021.

También se le procesa por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negara a declarar ante la magistrada. González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.

Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal.

En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.

"Gastos ficticios"

La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".