Puigdemont y los cuatro 'ex consellers'

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención y el ingreso en prisión del ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers que viajaron con él a Bélgica y les acusa de promover "un movimiento de insurrección activa" para conseguir la secesión.

Lamela, a petición de la Fiscalía, ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y órdenes de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.

Les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia y no solo reclama su detención, sino también su ingreso en prisión.

Lamela ordenó  el ingreso en prisión sin fianza del ex vicepresidente Oriol Junqueras y de siete ex consellers y con fianza de 50.000 euros de Santi Vila, quien ha pagado y abandonado la prisión de Estremera (Madrid VII).

La magistrada ha actuado contra los cinco ex dirigentes que se negaron a acudir a su citación y ha ordenado su detención tras rechazar su solicitud de declarar por videoconferencia.

Les acusa de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil.

A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana "como medio intimidatorio y violento" para conseguir "el fin secesionista de manera coactiva".

Es decir, le acusa de alentar un movimiento de "insurrección activa" y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.

El auto destaca que para lograr sus fines "promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional".

También considera que el ex president "planificó, organizó y financió con fondos públicos" la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O e hizo posible el gasto de 6,2 millones de euros para ello.

La orden de detención pone en marcha un proceso que puede demorar más de dos meses la entrega a España de los requeridos, siempre y cuando ellos no acepten el traslado inmediato, algo que, a la vista de lo planteado por el abogado de Puigdemont, no harán.

Todo ha ocurrido mientras los ex consellers que sí accedieron a declarar en la Audiencia Nacional y Junqueras han pasado sus primeras 24 horas en la cárcel (la de Estremera para los hombres y la de Alcalá Meco para las mujeres).

Comparten celdas y han sido ubicados en módulos "blandos", es decir, los menos conflictivos, según fuentes penitenciarias.

Pero tanto el abogado de Junqueras como el propio Puigdemont han denunciado que los ex consellers fueron maltratados durante su traslado.

De Estremera ha salido a mediodía Santi Vila tras abonar los 50.000 euros de fianza que le impuso la juez por ser el único de los ex integrantes del Govern en el que no aprecia riesgo de reiteración delictiva por haber dimitido de su cargo un día antes de la declaración unilateral de independencia.

Vila ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y Senado, Pío García-Escudero, para que "tomen cartas en el asunto y la iniciativa política porque este problema no puede resolverse en los tribunales, solo desde la política".

En la cárcel de Soto del Real, también en Madrid, seguirán los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional haya rechazado sus recursos y haya confirmado la decisión de la juez Lamela del pasado 16 de octubre.

Los dirigentes habían expuesto que las circunstancias en Cataluña han cambiado por la aplicación del 155, pero no han convencido a la mayor parte de los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal, aunque José Ricardo de Prada ha anunciado un voto particular.