Las 'pequeñas cosas' que causan escándalo

Begoña Gómez dispone de pasaporte diplomático y se desplaza en Falcon y otros medios aéreos del Ministerio de Defensa para realizar viajes privados. No es una noticia menor. Con frecuencia, las pequeñas cosas de los personajes públicos tienen repercusiones que van más allá de los grandes acontecimientos. Porque calan más en la sociedad al tratarse de asuntos que se pueden calibrar muy bien, o porque demuestran el talante de sus protagonistas, sus ansias de poder, su soberbia o, a contrario sensu, su sensibilidad ante los problemas más cotidianos.

Gómez dispone de pasaporte diplomático y se desplaza en Falcon y otros medios aéreos para viajes privados. Es una noticia que provoca mucho más escándalo que proyectos de ley aprobados por exigencias de socios de escaso talante democrático, o las promesas incumplidas de Pedro Sánchez, o el bochorno continuado de sospechas de corrupción que alcanzan a importantes miembros del Gobierno, incluida la familia del presidente.

Las noticias sobre Gómez las ha publicado El Debate, que en diversas ocasiones había acudido al portal de Transparencia, a Presidencia de Gobierno e incluso a los tribunales para que la Moncloa le facilitara informaciones que la ley obliga a que sean de conocimiento público. Las solicitudes del diario digital fueron provocadas por las noticias que recogían actividades privadas de la mujer de Sánchez utilizando medios de transporte que nunca hasta la llegada del Gobierno de Sánchez habían sido utilizados por la familia de los presidentes.

Moncloa, sin embargo, se ha negado a responder a la pregunta de quién ha pagado los billetes de viajes privados de Gómez en líneas aéreas comerciales. Este tipo de actuaciones en las que Sánchez ha utilizado medios de transporte o residencias para actividades privadas empezaron a ser objeto de atención de los medios de comunicación desde las primeras vacaciones de verano en La Mareta, el complejo de Lanzarote que el rey Hussein de Jordania regaló al rey Juan Carlos, que lo puso a disposición de Patrimonio para uso de cualquier persona autorizada. Generalmente, presidentes de Gobierno o visitas de dignatarios extranjeros invitados por el Rey o el presidente.

En sus primeras vacaciones, el matrimonio Sánchez Gómez pasó unas semanas en La Mareta con su familia y también con amigos, y tanto medios periodísticos como partidos de la oposición pidieron al portal de Transparencia que facilitara los datos sobre quiénes eran las personas que se alojaron en la residencia de Patrimonio, cómo se desplazaron hasta Canarias, qué gastos generaron y quién los pagó. Como se ha hecho siempre, pero en esta ocasión el Gobierno se negó a facilitar los datos, y ha mantenido esa situación hasta ahora, siete años en los que la Moncloa no ha dado cuenta del uso de las residencias oficiales y los gastos generados.

Empecemos por el pasaporte. Hasta ahora, que se sepa –tras hacer las preguntas pertinentes– ninguna mujer de presidente ha tenido pasaporte diplomático, aunque sí la mayoría de los secretarios de Estado que viajan con frecuencia por motivos oficiales y pueden así agilizar los trámites en aduana. Ese pasaporte conlleva –con excepciones– que sus titulares no pasan control de aduanas, pero cuando se trata de un viaje oficial de la mujer del presidente, que habitualmente siempre es como acompañante de su marido, una persona del séquito se ocupa de recoger todos los pasaportes del grupo oficial para realizar los trámites aduaneros conjuntamente, lo que significa que no es necesario un pasaporte diplomático para agilizar esos trámites. Ocurre lo mismo cuando llega el momento de inscribirse en un hotel o entregar los pasajes. Un funcionario se encarga de todas las cuestiones logísticas.

El uso del Falcon para asuntos privados, que sólo se han producido en el caso de Sánchez y su familia, en la primera ocasión que sucedió y se pidieron explicaciones a Presidencia, la Moncloa respondió que se debía a medidas de seguridad. Argumento que causó sorpresa, pues antes de que Sánchez fuera presidente, durante los años trágicos en los que ETA cometió centenares de atentados terroristas, las autoridades, incluido el presidente de Gobierno, no utilizaban aviones Falcon ni helicópteros para realizar viajes privados. Sólo los oficiales.

Cómo viven los ministros y el caso Ayuso

En cuanto al uso de las residencias distribuidas por toda España, pertenecientes y gestionadas por organismos públicos adscritos al Ejecutivo central o a los gobiernos autonómicos, nunca se ha cuestionado su uso. Ni como lugar de vacaciones de la familia presidencial –Doñana y La Mareta fundamentalmente– ni como lugar para recibir a jefes de Estado y Gobierno en un clima más distendido.

Hay multitud de residencias de esas características situadas en parques naturales a lo largo y ancho de España. Se trata de casas rurales más o menos amplias, decoradas todas ellas con sencillez pero manteniendo el espíritu propio de la región, cuyo uso se destina fundamentalmente al alojamiento de guardas forestales, personal de mantenimiento y de vigilancia.

Algunas de ellas son auténticos palacetes, como Las Marismillas de Doñana o Quintos de Mora en Toledo, habilitadas especialmente para acoger a autoridades una vez que Felipe González decidió utilizarlas para vacaciones y fines de semana. Costumbre que mantuvieron sus sucesores, aunque ninguno de ellos dedicó su tiempo de ocio en esas estancias de fin de semana a buscar bonsáis para el jardín de Moncloa. Bonsáis que se mantuvieron en los jardines de la Moncloa hasta que González perdió las elecciones en 1996 y, en esos años, con frecuencia sirvieron de fondo en los almuerzos y cenas oficiales que ofrecía el presidente en la Moncloa a dignatarios extranjeros, siempre sorprendidos por la composición de auténticos bosques de bonsáis que decoraban el gran comedor del edificio del Consejo en el complejo de la Moncloa.

González fue el primer presidente que dio uso a las casas rurales y palacetes distribuidas por toda España, pasando sus primeras vacaciones, la Semana Santa de 1983 en una casa de la provincia de Soria con su mujer y sus hijos, entonces muy pequeños.

Días atrás, Isabel Díaz Ayuso decidió pasar un fin de semana en una casa que la Comunidad de Madrid rehabilitó hace dos años en la sierra de Guadarrama, para uso de guardas forestales y también abierta al público que quisiera visitar el parque en el que se encontraba la residencia.

Nunca lo hubiera hecho. Fue con su pareja y los hijos de él. Se llevaron la comida, que Ayuso complementó con una compra en el supermercado del pueblo. Cenaron en el pueblo. El escándalo fue mayúsculo, la presidenta madrileña fue acusada de mal uso de medios públicos.

La situación, sin embargo, es profundamente injusta. La mayoría de los presidentes de gobiernos regionales cuentan con vivienda oficial, con todos los servicios incluidos, limpieza y cocina. Los ministros que no residen en Madrid, disponen de vivienda oficial en la capital, la mayoría en el propio ministerio, aunque también las hay en distintas zonas.

La mayoría de los presidentes regionales pueden usar también las residencias de los parques naturales para uso propio y para sus invitados. De hecho, algunas de esas residencias las utiliza también, como hemos explicado, el presidente del Gobierno español.

Ayuso no cuenta con residencia oficial, vive en la casa propiedad de su pareja, lo que la ha sido objeto de no pocas críticas por compartir domicilio con un imputado. Tiene tanto derecho a utilizar la residencia de Guadarrama como cualquiera de los presidentes regionales. En su caso, ni siquiera solicitó que le prepararan almuerzo ni cena. La vara de medir una vez más se ha utilizado a conveniencia del medidor.

La esposa del presidente del Gobierno actual cuenta con pasaporte diplomático y utiliza el Falcon para viajes privados. En las alturas oficiales, donde se cuentan con privilegios que nunca estarán al alcance de los ciudadanos de a pie, el comportamiento personal de algunos altos cargos y sus familiares no siempre está a la altura de lo que se espera de ellos.