Pilar Cernuda
La mayor corrupción jamás conocida
Han pasado seis años y la Audiencia Nacional decide hoy quiénes son los responsables, si considera que los hay, de las malas identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak- 42.
Tres son los acusados por mandar a España, desde Turquía, los cuerpos de los militares en féretros sin identificar mintiendo a las familias que pensaron que la caja que se llevaban era la de su familiar y no la de otro compañero. El principal acusado, el general Vicente Navarro, se enfrenta a cinco años de prisión, según la petición fiscal, por dos delitos de falsificación de documentos oficiales; sus dos subordinados -el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez- podrían ser condenados a cuatro años de cárcel por los mismos delitos, además de una indemnización de 60.000 euros para el general y de 24.000 para los otros dos militares.
El fiscal del caso, Fernando Burgos, también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.
Por su parte, las cuatro acusaciones particulares, ejercidas por los familiares de los militares fallecidos, solicitan penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.
El juicio comenzó el 24 de marzo en la Audiencia Nacional y durante un mes. Hasta el 21 de abril se pudo escuchar a los acusados, testigos, familiares y peritos. Hubo muchas contradicciones entre altos cargos del Gobierno de entonces, con Federico Trillo como ministro de Defensa.
El general Navarro no reconoció en ningún momento del juicio que no identificara los cuerpos. Su línea de defensa se dirigió a culpar al equipo turco que colaboró en las labores de identificación. A su juicio, el error vino por parte de ellos que al introducir los cuerpos en los féretros para enviarlos de vuelta a España se equivocar e introdujeron a los militares que no eran.
Sin embargo, varios miembros del equipo turco aseguraron que Navarro era consciente de que volvía a España con treinta cuerpos sin identificar e incluso le hicieron firmar un papel por el que se hacía responsable de llevarse los cadáveres sin finalizar el trabajo. La explicación que el general dio a los turcos es que tenía que llegar a los funerales de Estado, dos días después del accidente.
El fiscal considera probado que Navarro se "inventó" treinta identificaciones y que los otros dos acusados también deben ser condenados porque sabían que se estaba falseando la verdad.
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