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Industria y energía

El caso de Minas Las Cruces

Tomás Monago

La mayor inversión extranjera en la historia de Andalucía está ya en marcha. Tras el arranque de la producción a mediados de 2009, el año pasado fue el primero completo en el que estuvo operativa Cobre Las Cruces, la mayor explotación minera a cielo abierto de Europa. Situada en el término de los municipios sevillanos de Gerena, Salteras y Guillena, el complejo ha supuesto un desembolso de 800 millones de euros y todavía se espera que se inviertan 200 más a lo largo de su vida últil, que se estima en de 15 a 20 años. La empresa que ha protagonizado esa inversión ha sido la canadiense Immet Mining, propietaria hasta final de 2010 del 70% del capital y a partir de entonces del 100%, tras adquirir el 30% que le faltaba a la norteamericana Leucadia por 387 millones de euros. La compañía prevé alcanzar en 2011 la velocidad de crucero en la producción, para acercarse así a la capacidad máxima diseñada, de 70.000 toneladas anuales de cátodos. A fecha de septiembre se alcanzaron 19.500 toneladas. La facturación estimada para el ejercicio se situó en 150 millones de euros, con una producción que se comercializó íntegramente en España. Previsiblemente, Cobre las Cruces se beneficiará en los próximos años del incremento brutal de la cotización del materiales como el cobre, que ha pasado de 1.750 dólares la tonelada en 2001 a 9.300 dólares a finales del año pasado. La rentabilidad y el empleo en la comarca, pues, están garantizadas. El arranque operativo no ha estado exento de dificultades. La sociedad está inmersa en un proceso judicial en el que se le acusa de una detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua en el acuífero Niebla-Posadas, de practicar 20 sondeos no autorizados y del vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes al cauce hídrico. Los directivos de la compañía negaron en septiembre los cargos que se les imputan. Además, Ecologistas en Acción presentó un recurso por las modificaciones del proyecto original, un informe del Seprona de agosto pasado alertaba de que los vertidos a la Cuenca del Guadalquivir superaron en 2009 y 2010, “en momentos puntuales”, los límites de PH, plomo, sulfitos y arsénico; y la propia Junta abrió un expediente sancionador por el incumplimiento de compensar en su totalidad las extracciones de agua del acuífero Niebla-Posadas. A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente insiste en que Cobre Las Cruces cumple con la legalidad y cree que el foco sobre la mina es excesivo. El control, se afirma, es absoluto: “Ellos respiran y nosotros nos enteramos”, llegó a decir la delegada provincial.

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