El juicio de la pieza política de los ERES ha continuado esta mañana con la intervención del exconsejero de Economía e Innovación (2010 a 2013), Antonio Ávila.  

Ávila, que además era miembro del consejo rector de la Agencia IDEA, ha dicho al tribunal que allí no se debatían los informes económicos de la intervención de la Junta sobre los errores en las ayudas que se concedían.

En cambio sí admitió que se opuso a algunos expedientes de ayudas argumentado que contenían un "error gramatical" porque un pago nunca se podía hacer incondicional porque "el pago tiene que estar condicionado a que se realice".

El fiscal anticorrupción, Manuel Fernández Guerra, le ha llamado la atención en este punto sobre el hecho de que "lo que usted ahora llama error gramatical, fue recurrente en varios convenios".

Además ha asegurado que el Parlamento de Andalucía tuvo un conocimiento "suficiente y exahustivo" de las transferencias de financiación que se usaban para pagar las ayudas. "y el que no lo tuviese, podía reforzar la información" mediante los mecanismos de cooperación con la Consejería.

Programa 31 L

Respecto a este mecanismo de ayuda, como consejero de Economía aseguró que "no estaba en el ámbito de sus competencias el programa 31L" utilizado para pagar las ayudas. Según Ávila era un programa más de las decenas de programas que tenía la Junta de Andalucía. Incluso, aunque el control correspondiese a las agencia IFA/IDEA, "no se puede funcionar así, yendo hacia atrás en el expediente, en una organización grande como la Junta de Andalucía, presupongo que todo lo hecho con anterioridad está bien hecho". 

"Yo no tengo que rastrear todo el recorrido de las propuestas" de ayuda, pero "supongo que el proceso se ha hecho bien porque habitualmente las cosas se hacen bien", asegura.

Los antiguos consejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo, entre el público del juicio

A preguntas del abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero de empleo Antonio Fernández, "en el 97,7 % de los casos, los fondos públicos se destinaron a una causa legítima" y por eso posteriormente se aprobó el Decreto 4/2012 cuyo objetivo era la finalización de los compromisos adquiridos con anterioridad con trabajadores destinatarios de ayudas.

Sobre el programa 31L explicó que no conocía todos los programas de la Junta y sus mecanismos, por lo que lo consideraba "una manera de trasladar recursos a los entes instrumentales". 

Antes de comenzar su intervención, Ávila ratificó como testigo lo declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia. Además, recordó que como secretario general de Economía, entre sus funciones estaba ser el "encargado de la previsón del cuadro macraoeconómico para Andalucia" y recalcó que no tenia competencia en el seguimiento de la aplicación de ese presupuesto.  

El exconsejero ha dicho que "en absoluto" debía controlar los presupuestos de cada consejería, sino que "cada una es plenamente responsable de su ámbito".

Preguntas con "poca o nula trascendencia"

El magistrado que preside el tribunal de la pieza política del caso ERE, Juan Antonio Calle, ha reprendido a los abogados personados por el interrogatorio que están realizando al exconsejero Antonio Ávila plagado de "generalidades" con "poca o nula trascendencia respecto a los hechos que se juzgan".

Calle ha hecho esta advertencia a las partes tras el descanso de la sesión de la mañana recordándoles que para esta jornada hay ocho testigos citados y sólo ha pasado el primero, el que fuera exconsejero de Presidencia del 2009 al 2010 y de Economía del 2010 al 2013.

Tras este reproche, se ha reanudado el interrogatorio a Ávila siendo el turno de la abogada Encarnación Molino, que defiende al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, a la que el juez ha interrumpido varias veces indicando que el testigo ya había contestado a la pregunta o que estaba repitiendo cuestiones que ya se le habían hecho.