Juzgado de Guardia

Concentración para denunciar la falta de medios y la vulneración del derecho de negociación colectiva en Justicia

  • Exigen la negociación de la ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia

Concentración contra la Ley de Eficiencia Organizativa en Justicia

Concentración contra la Ley de Eficiencia Organizativa en Justicia / M. G.

Los sindicatos CSIF, STAJ, UGT Y CCOO se han concentrado en los juzgados del Prado de San Sebastián para exigir la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario. La falta de medios y la vulneración del derecho de negociación colectiva en la Administración de Justicia han sido otras de las reivindicaciones. 

Estas concentraciones son las primeras de un calendario de movilizaciones que se iniciaron en Madrid esta semana frente al Ministerio de Justicia y que continuarán hasta que se negocie la futura Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), actualmente en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores.

Según el responsable del sector de Justicia de CSIF Sevilla, Miguel Millán, la LEO supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Los sindicados convocantes denuncian que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa "no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales, lo que puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia".

A juicio de los sindicatos, este proyecto de Ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado. Denuncian que esta “movilidad discrecional” puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de derechos de los funcionarios de Justicia.

Asimismo, critican que se abre la posibilidad de imponer nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo sin negociar. El personal de la Administración de Justicia exige el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional, que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 2019, pero que el Ministerio de Justicia se niega a negociar, a reconocer y a establecer su retribución complementaria.

También se exige la mejora de la Promoción Interna para la recuperación del 50% de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno y se reivindica una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización.

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