La asociación Alianza Contra la Corrupción ha emitido un comunicado en el que denuncia que los letrados de UGT-A, "apremian a la a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que revisa el recurso presentado por Roberto Macías, para que emita al más breve plazo posible unasentencia condenatoria contra él". El ex trabajador de UGT-A Roberto Macías denunció presuntas prácticas corruptas que dieron lugar al caso de las facturas falsas en esta organización sindical, fue condenado a dos años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por haberse apoderado de miles de archivos informáticos con facturas, correos y otros documentos que luego filtró a la prensa.

Según Alianza Contra la Corrupción, el pasado 4 de marzo de 2022, por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, se aprobó un anteproyecto de Ley por el que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

La asociación afirma que España contará con un régimen jurídico que en teoría garantiza la protecciónefectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas comoprivadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y delDerecho nacional.  En este sentido, recuerda wue el ex trabajador de UGT, Roberto Macías ha solicitado durante todo el proceso judicial poder acogerse a los beneficios que establece la protección deDirectiva “Whistleblowers” y "acabar con el calvario inhumano que le supuso revelar una casograve y grosero de corrupción".

Además la asocicación achaque parte del colapso judicial existente a "los numerosos procedimientos judiciales en los que se ve implicada la UGT-A. El comportamiento desleal de la antigua cúpula sindical, que ahora la nueva trata de disipar, con los trabajadores desempleados y el conjunto de la sociedad, ha provocado que la Justicia tenga que revisar con lupa su actuación durante años"