Otro giro en una de las piezas de la macrocausa de los ERE. Después de que la Fiscalía Anticorrupción retirara la acusación contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director de Trabajo Juan Márquez, por su intervención en la concesión de las ayudas de 2.340.137,38 euros a la empresa sevillana Surcolor, el Ministerio Público ha dado una vuelta más en el caso este martes al presentar unas conclusiones definitivas en las que ha rebajado considerablemente su petición de condena para los principales acusados, a los que ha pedido ahora condenas de tres años de cárcel frente a los ocho años que reclamaba antes del inicio de la vista oral. La Fiscalía ha rebajado esta petición de penas al considerar que en los 11 acusados en este proceso contra los que mantiene los cargos concluye la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que estima como "muy cualificada" en el caso del ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera.

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde ha pedido una condena de tres años de cárcel para Daniel Alberto Rivera, mientras que para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati y el testaferro Francisco Algarín Lamela ha reclamado una condena de tres años y seis meses de prisión.

El Ministerio Público completa la acusación solicitando la misma pena de tres años y seis meses de prisión para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín; y de un año y nueve meses de cárcel para otro empleado de Vitalia, Jesús María Bordallo. Para los responsables de Surcolor, ha pedido cuatro años de prisión para Antonio Manuel Bustamante León, y tres años y un mes de prisión para Manuel Rafael Castilla Bustamante, entre otros.

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación partiuclar, sólo acusa a nueve de los procesados, entre ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla, para el que pide dos años y seis meses de prisión por delitos de malversación y tráfico de influencias, y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas -dos años y seis meses de cárcel por delitos de malversación y falsedad en documento mercantil. La Junta exculpa a Antonio Fernández, Agustín Barberá, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez. 

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PP ha mantenido la petición de condena para los ex altos cargos Antonio Fernández, Agustín Barberá y Juan Márquez, solicitando una condena de siete años de prisión para los dos primeros, y seis años para el ex director de Trabajo Juan Márquez.

En el escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía sostiene que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas contactó con el entonces delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y con el director de Trabajo Javier Guerrero -ya fallecido-, facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por el despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción.

Y Antonio Rivas, "conociendo que se estaba gestionando con la póliza de rentas como medio de pago de estas indemnizaciones, con el conocimiento y consentimiento de Javier Guerrero", instó a los responsables de Vitalia para que se introdujera como beneficiarios de la póliza a dos intrusos, Manuel López Espadas, también fallecido, y José Antonio Márquez Sánchez, prosigue el fiscal, que señala que ambos "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas" y que supuestamente eran personas próximas a Antonio Rivas.