Giro de la Fiscalía Anticorrupción al inicio del juicio por las ayudas de los ERE a la empresa sevillana Surcolor. La Fiscalía ha retirado la acusación contra tres ex altos cargos de la Junta, en concreto, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, al considerar que la conducta de estos acusados ya fue enjuiciada en el denominado "procedimiento específico" de los ERE, donde los tres ex altos cargos han sido condenados en firme por el Tribunal Supremo a penas de prisión.

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha planteado la exclusión de estos tres acusados como cuestión previa al inicio del juicio en el que se investigan las ayudas que por importe de 2.340.137,38 euros recibió la empresa sevillana Surcolor-Surcolor Óptica en 2006 y en las que fueron incluidas dos intrusos. El fiscal ha expuesto que estos tres acusados "no deben ser sometidos a enjuiciamiento al haber sido condenados en firme a las penas de prisión", por lo que considera que deben ser apartados de este proceso y que, en su caso, el ex director de Trabajo Juan Márquez comparezca como "testigo" en el juicio.

El fiscal ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la "pieza política" de los ERE delimitó el objeto del denominado "procedimiento específico" y en este sentido sostuvo que la condena por el delito de malversación a los ex altos cargos incluye "todas las disposiciones de fondos públicos" que se realizaron en el periodo en el que ejercieron sus cargos estos tres acusados y también el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, dado que todas esas ayudas se otorgaron además a través de la controvertida partida presupuestaria 31L y al amparo del convenio marco de 2001 que regulaba la concesión de estos pagos.

También ha señalado el precedente del juicio por las ayudas a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco), donde los fiscales de Sevilla se opusieron a que se apartara a los ex altos cargos, que fueron condenados por la Audiencia, si bien ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado el recurso de casación presentado por las defensas y ha pedido la absolución de Antonio Fernández y de Juan Márquez, quienes fueron condenados a siete y cuatro años de cárcel, respectivamente, mientras que Agustín Barberá fue absuelto por los magistrados de la Audiencia de Sevilla. 

La acusación popular que ejerce el PP, por su parte, se ha opuesto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, al estimar que la influencia de la sentencia del Tribunal Supremo -que condenó a estos ex altos cargos y a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán- no debe conducir a la retirada de la acusación, por cuanto considera que la sentencia del Alto Tribunal sólo enjuició los hechos comprendidos entre los años 2001 y 2009, en concreto, las ayudas concedidas en ese periodo, no aquellas que se concedieron con posterioridad a la fecha de 1 de diciembre de 2009. Así lo ha defendido el abogado Alfonso Martínez Escribano, que representa al PP, que ha manifestado que "ha de entenderse excluidos los hechos enjuiciados sólo hasta el 1 de diciembre de 2009", pero mantiene la acusación por los hechos y pagos producidos con posterioridad.

Las defensas de los ex altos cargos se han opuesto a la petición de la acusación del PP y en este sentido, el abogado Pedro Apalategui, que representa al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha tildado de "temerario" el mantenimiento de la acusación por parte del PP y ha insistido en la falta de "legitimación" de la acusación popular para seguir acusando de acuerdo con la denominada "doctrina Botín" después de que la Fiscalía haya retirado la acusación y que la Junta de Andalucía, que es el "perjudicado" en este procedimiento "nunca" ha acusado a Barberá.