La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado de forma sustancial, en algunos casos hasta casi la mitad, su solicitud de penas de cárcel para los cinco acusados en la pieza separada de los ERE relativa a las pólizas individuales con las que el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, supuestamente favoreció a algunas personas "de su entorno", ya fuese porque eran vecinos de El Pedroso o porque los conocía por motivos laborales. En su informe, la representante del Ministerio Público ha destacado que se trató de "pagos arreglados" por el alto cargo "para beneficiar a cuatro personas" y ha denunciado que "todos sabían que no tenían derecho a percibir esas rentas".

Los dos principales encausados en esta pieza de la macrocausa son los dos trabajadores de Vitalia, la mediadora que asesoraba a las empresas que recibieron las subvenciones otorgadas irregularmente por la Dirección General de Trabajo durante casi una década: Antonio Albarracín y Jesús Bordallo. En sus casos, la Fiscalía ha pasado de exigir seis años y diez meses de cárcel para ambos a cuatro años y medio para Albarracín y tres años y seis meses para Bordallo. De hecho, también ha retirado la acusación por prevaricación respecto al segundo.

En cuanto a los dos únicos beneficiarios de esas pólizas que siguen vivos, para un vecino de El Pedroso solicitaba inicialmente cuatro años y cinco meses de prisión y en sus conclusiones definitivas se ha quedado en dos años y tres meses, mientras que para un vecino de Córdoba ha pasado de reclamar dos años y once meses a sólo dos años, en ambos casos como cooperadores necesarios del delito de malversación. Para el segundo de ellos también acepta Anticorrupción la atenuante de reparación del daño, ya que como explicó él mismo durante el juicio, "al día siguiente" de declarar ante la jueza Mercedes Alaya devolvió el dinero que había percibido.

La quinta acusada es la hija del último de los encausados. En 2011 iba a unirse a la candidatura del PP a la alcaldía de Córdoba, encabezada por el ahora consejero de Justicia, José Antonio Nieto, pero lo descartó precisamente después de que su nombre apareciese en la investigación de los ERE. Para esta mujer, la Fiscalía empezó el juicio pidiendo cuatro años y cinco meses de cárcel y al final ha solicitado dos años y tres meses en calidad de inductora y cooperadora necesaria de la malversación. Según la acusación pública, fue ella quien pidió al director general de Trabajo "una ayuda para su padre".

Por el delito continuado de malversación, la Fiscalía ha pedido múltiples inhabilitaciones especiales: diez años para Albarracín, siete años y nueve meses para Bordallo, cuatro años y medio y dos años y nueve meses para cada uno de los dos beneficiarios de las ayudas y cuatro años y medio para la hija del último de ellos. Por la prevaricación ha solicitado seis años y tres meses para Albarracín, cinco años para un beneficiario y para la hija del otro y tres años para la padre de esa última procesada.

Durante su exposición, la fiscal ha remarcado que ha aplicado la legislación "más beneficiosa" para los acusados y que por eso ha optado por "separar" los delitos de prevaricación y malversación. Aun así, ha lamentado que "se desvió dinero público con total impunidad" y que "no existía ningún interés público ni social que justificara" la concesión de ese dinero, que en total rondó el millón de euros.

La acusadora pública también ha destacado que los dos beneficiarios que han acabado yendo a juicio (el resto murió antes) recibieron "importes nada desdeñables" pese a conocer que el procedimiento era ilícito porque antes ya habían pedido otras ayudas públicas. Así, en el caso del vecino de El Pedroso, "percibía una ayuda por una incapacidad permanente total", mientras que el encausado de Córdoba tuvo una prestación por desempleo y otro subsidio para mayores de 55 años. "No pueden alegar error o ignorancia", ha afirmado la fiscal, para quien "su confianza en el director general" no implica que no tuvieran intención de defraudar a las arcas públicas.

Los informes de las defensas

En el turno contrario, las defensas han mantenido como argumentos en común que ninguno de los destinatarios de las ayudas, que cifraron en unos 850.000 euros en total de los que en la práctica se entregaron 450.000, pudo pensar que la actuación de la Junta era ilegal. "Mi cliente no tenía por qué sospechar que la Junta estaba cometiendo una irregularidad", ha dicho el letrado del acusado de El Pedroso.

Otra alegación compartida por más de una defensa ha sido la referente a que los auténticos responsables de la concesión al margen de la ley no estaban siendo juzgados. "Hay que buscar a los culpables en otros sitios, muchos se están yendo de rositas. Los que deberían estar aquí son los que han sido juzgados y están en su casa", ha apostillado el defensa del vecino de Córdoba y de su hija.

En este sentido, la reflexión más contundente y directa ha correspondido al abogado de Albarracín, que ha denunciado el "agravio comparativo" que puede sufrir el exdirectivo de Vitalia en comparación con quienes orquestaron o consintieron el procedimiento específico para la concesión de esas ayudas. Es decir, los políticos de la Junta. "No puede tener peor trato que los políticos condenados en una sola pieza. Mi cliente fue condenado en la de Acyco y ha sido juzgado en otras tres piezas. La Fiscalía le ha pedido en total catorce años y nueve meses de cárcel. Si a los políticos concedentes de las ayudas se los condenó a siete años y pico en el peor de los casos, ¿cómo solucionamos este agravio comparativo?", se ha preguntado.

"¿Por qué los políticos han tenido un solo juicio y Antonio Albarracín va a tener cuarenta?". La Sección Séptima [que resuelve todos los recursos relacionados con los ERE] nos ha respondido que en el peor de los casos cumpliría el triplo de la mayor condena que recaiga sobre él. En Acyco lo condenaron a cuatro años, así que como mínimo le caerían doce. Estamos ante un galimatías", ha añadido. 

El abogado de los dos acusados de Córdoba también ha ahondado en esa senda. "Los políticos han salido indemnes y ahora se está cargando las tintas contra particulares", ha indicado. Y el del vecino de Guerrero, también: "La Junta renunció a la responsabilidad civil en la pieza política pero ahora pide indemnizaciones a los actores secundarios", ha proclamado.

Al juicio, que este viernes ha quedado visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, no llegaron tres de los procesados: Guerrero falleció en octubre de 2020; Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso, murió en noviembre de 2018; y otro de los beneficiarios de sus presuntos tejes y manejes lo hizo en agosto de 2012.