Macrocausa de los ERE

La juez Bolaños pide a la Junta medios para transcribir las declaraciones

  • La Fiscalía Anticorrupción pidió a la instructora que las declaraciones que se practiquen en la causa se documenten de forma "no exclusiva en soporte audiovisual".

La juez María Núñez Bolaños. La juez María Núñez Bolaños.

La juez María Núñez Bolaños. / Antonio Pizarro (Sevilla)

La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los ERE, ha pedido a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que se dote en las Salas de Vista de los juzgados de los "mecanismos necesarios para la textualización de las grabaciones", en relación con la polémica surgida después de que la Audiencia de Sevilla obligara en febrero pasado a los jueces de instrucción a transcribir las declaraciones de los investigados y testigos que comparecen en una causa judicial.

La instructora se ha pronunciado en estos términos en un auto dictado en la pieza de los ERE relacionada con las ayudas a la empresa González Byass, que responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba que "las declaraciones que se practiquen en la causa se documenten de forma no exclusiva en soporte audiovisual, sino que se extiendan con el contenido expresado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La Fiscalía, prosigue la juez, invocó un auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, "del que no tenemos conocimiento ni traslado" y que Bolaños entiende que "afecta a causa no de este órgano judicial" y en el que se detalla que "deben ser los jueces y tribunales, en especial los jueces de Instrucción, que son los que reciben las declaraciones sumariales, los que deben velar por que en la documentación de dichas diligencias por parte del letrado de la Administración de Justicia se garantice el cumplimiento de las leyes procesales y por supuesto la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías de defensa".

La instructora precisa que de la lectura de este fragmento se "infiere meridianamente" que el artículo 454 de la ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los secretarios judiciales -en la actualidad denominados letrados de la Administración de Justicia- la responsabilidad de la función de documentación con carácter exclusivo, lo que se afirma en la resolución recurrida. Este artículo establece que los secretarios judiciales "son responsables de la función de documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley" y que "promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde prestan sus servicios".

La grabación, "máxima garantía" de los derechos

Por todo ello, la juez Bolaños concluye que "corresponde a los jueces y magistrados salvaguardar la garantía de los derechos y libertades fundamentales y, en esa labor, debe promoverse la grabación de todas las declaraciones al ser éste soporte audiovisual la máxima garantía de los derechos invocados", sostiene la magistrada.

No obstante, continúa la juez explicando que el Ministerio Público ha aclarado que "no solicita una transcripción o que la declaración no se grabe, sino que lo que viene a pedir es un documento auxiliar de textualización de la grabación". Y la juez argumenta que "no puede oponerse a su petición, siendo éste un medio que no garantizador de derecho alguno, sí es facilitador del trabajo de todos los que intervenimos de algún modo en el procedimiento".

"La textualización de las grabaciones es, sin duda, un mecanismo facilitador y que contribuye a la agilización de las causas y ello en beneficio de los ciudadanos y su derecho a un proceso sin dilaciones, ágil y garantista, en la medida que se graba su declaración, única documentación realmente válida en las actuaciones", concluye la juez, que acuerda oficiar a la Consejería de Justicia para que se dote en las Salas de los mecanismos para la transcripción de las grabaciones.

En torno a esta polémica por la transcripción, el decano de los jueces, Francisco Guerrero, también pidió más medios técnico para solventar el problema.

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