Más policías locales para evitar el rebrote de la mafia del taxi. Esta es la decisión que el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha tomado después de que en las últimas semanas se hayan producido nuevas tensiones entre los taxistas del aeropuerto de San Pablo, tal y como adelantó este periódico.

El delegado ha anunciado en declaraciones a este periódico que ha ordenado al jefe de la Policía Local que se implanten "turnos fijos" en la parada de taxis del aeropuerto, para "controlar su funcionamiento" y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Para ello y, a falta de que se articulen estas nuevas medidas, Cabrera ha explicado que habrá turnos de agentes "mañana y tarde" en el aeródromo de San Pablo para que se cumplan las ordenanzas municipales.

Cabrera ha indicado que el Ayuntamiento no tiene constancia oficial de los nuevos incidentes que sucedieron el viernes 25 de febrero, cuando fueron increpados varios taxistas que iban a recoger a clientes que tenían servicios precontratados. Sus compañeros del aeropuerto los insultaron a gritos, todo ello ante la presencia de los visitantes que habían contratado el taxi mediante una conocida plataforma de viajes.

Sobre este altercado, lo único que ha conocido el Instituto del Taxi es el comentario verbal sobre esos incidentes que realizó recientemente un taxista que había acudido a realizar una gestión, pero no presentó ninguna denuncia y los funcionarios municipales le dijeron que lo tenía que hacer es denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

En este sentido, el delegado de Gobernación ha apostado por articular un sistema para recopilar la información en caso de que se produzca algún altercado y, en ese caso, sería el propio Ayuntamiento quien denunciaría los hechos a la Policía Nacional. "No vale con llegar y decir que están pegando, dígame quién denuncia, el número de licencia del taxi, y sería el Ayuntamiento el que lo trasladaría a la Policía Nacional".

La competencia municipal, ha insistido Juan Carlos Cabrera, está en el cumplimiento de la ordenanza del taxi y si hay delitos de coacciones o amenazas, "es la Policía Nacional la que debe actuar, la que debe investigar y detener" en su caso, ha agregado.

Esas son las medidas que adoptará el Consistorio para tratar de evitar que se produzcan nuevos incidentes como los que sucedieron en el pasado y que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que recientemente ha procesado a 27 taxistas de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi por delitos de "organización criminal, coacciones y daños", en relación con el monopolio de la parada del aeropuerto.

El Ayuntamiento sigue descartando la aplicación del "turno rotatorio" de taxis en el aeropuerto a pesar de que una sentencia del año 2002, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), declaró legal el acuerdo alcanzado el 30 de octubre de 2000 (en el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín) por el que se estableció el turno rotatorio por el que sólo podrían operar en ella los taxis con la letra de la matrícula correspondiente al calendario oficial de descansos.

Cabrera ha dicho a este respecto que el turno rotatorio "no lo votó nadie cuando se propuso" y ha explicado que el problema de su implantación es que con el mismo "no se cubre la demanda de siete millones de pasajeros" y además hay taxistas en contra de que mantener muchas horas de espera en el aeropuerto para realizar tan sólo unos pocos servicios, ha subrayado.

Los incidentes volvieron al aeropuerto tan sólo varias semanas después de que la juez diera por finalizada la primera de las investigaciones a la denominada "mafia del taxi". La instructora realizó en el auto en el que procesó a 27 taxistas un exhaustivo análisis de la situación generada por la “mafia del taxi” y en la misma resolución incluía un reproche a la conducta omisiva que durante años ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla. La juez llegó incluso a citar inicialmente como investigado al actual delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien negó cualquier tipo de “acuerdo o permisividad” para el uso exclusivo de la parada por parte de Solidaridad del Taxi.

Para la magistrada, es un hecho “público y notorio” en la ciudad que la parada del aeropuerto “sólo es cubierta por quienes son miembros de la asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi”. Pero a pesar de este conocimiento, la juez recuerda que no hay constancia de que el Ayuntamiento de Sevilla “haya adoptado medida alguna para intentar vigilar esta situación o velar porque no se continuara produciendo, por cuanto es cierto que si bien se creó una brigada de Policía Local que entre otras funciones tenía el de la vigilancia y control de esta parada, los propios agentes que la integran llegan a declarar que eran insuficientes, que carecían totalmente de recursos, que no podían estar permanentemente vigilando y que en todo caso cuando recibían un aviso de un incidente en el aeropuerto tenían dificultades para poder reconstruir los hechos y únicamente podían denunciar en los casos en que así se constataba”, aseveró.

Esta argumentación llevó a la instructora a concluir que Solidaridad del Taxi, inicialmente constituida desde el punto de vista formal como una asociación sin ánimo de lucro y tendente a salvaguardar los derechos e intereses de sus afiliados como titulares licencias de taxi, se “convierte y opera como una verdadera organización criminal, siendo un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado a cuyo frente se encuentra elentonces presidente Enrique Filgueras y tras éste los demás miembros de la directiva, quienes vienen recibiendo instrucciones e indicaciones directas de éste”.

Para la instructora, también resulta llamativo que la asociación dispusiera de un “catálogo interno de infracciones y sanciones de estricto cumplimiento, con un marcado carácter de sometimiento a las instrucciones y criterios del presidente que incluso se pone de manifiesto en los términos en que deben dirigirse al mismo cuando pretenden recurrir o hacer alegaciones a una de esas sanciones internas, todo ello con el objetivo esencial de obtener un beneficio económico”.

Esta asociación, continuó, se atribuyó “por la fuerza y con medios coactivos y vandálicos, el uso exclusivo de la parada de la terminal del aeropuerto, impidiendo así que el resto de los taxistas con licencia municipal en esta ciudad en una gran mayoría, no puedan acudir a dicha parada”.