Dos años después del parón provocado por la pandemia, los turistas vuelven a llegar en masa a Sevilla y todo apunta a que el sector se recupera a buen ritmo de cara a la temporada alta de la próxima primavera. Así se ha constatado ya en el puente del 28 de febrero, por ejemplo, cuando las calles del centro de la ciudad han estado abarrotadas de visitantes. Esto tiene también sus efectos en el aeropuerto de San Pablo, donde han vuelto las tensiones entre los taxistas, que llevaban un tiempo en calma.
El viernes 25 de febrero, fueron increpados varios taxistas que iban a recoger a clientes que tenían servicios precontratados. Sus compañeros del aeropuerto los insultaron a gritos, todo ello ante la presencia de los visitantes que habían contratado el taxi mediante una conocida plataforma de viajes. Fue esa la primera impresión que se llevaron de la ciudad a la que venían a pasar unos días de ocio.
Algunos de los profesionales afectados han puesto los hechos en conocimiento del Instituto del Taxi, sin que por el momento el Ayuntamiento de Sevilla haya tomado ninguna medida para corregir situaciones de este tipo, que son históricas en el aeropuerto de San Pablo. Desde hace más de veinte años, la asociación Solidaridad del Taxi ostenta de facto el monopolio de la parada de taxis de la terminal aérea y ha protagonizado numerosos enfrentamientos para mantener a toda costa esta posición de privilegio.
Es lo que se ha llamado la mafia del taxi, que ha sido objeto de una investigación judicial durante los últimos años y que en la actualidad cuenta ya con 27 taxistas procesados. En el auto en el que se concluía la investigación y se procesaba a los conductores, la juez titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, aseguraba que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, dirigida hasta su jubilación por Enrique Filgueras, estaba "encaminada a un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla, teniendo atribuido el uso exclusivo de la parada existente en la terminal de llegadas, así como de la carpa que se ubica en el exterior de estas instalaciones, que tenían concedidas por el aeropuerto de Sevilla, que en ningún modo formaban parte de dicho contrato y a las que se impedía con medios coactivos el acceso de profesionales del taxi y que no formarán parte de la asociación".
Esta investigación surgió a raíz de los ataques a los vehículos de transporte concertado (VTC), si bien tradicionalmente también se han denunciado amenazas y sabotajes hacia otros taxistas que no fueran miembros de Solidaridad y que pretendían realizar servicios en el aeropuerto. La magistrada añadía que se "generó una situación de auténtica inseguridad ciudadana" por el "carácter vandálico y violento que revestían los actos cometidos frente a ellos". La juez asegura que Solidaridad funcionaba como una "organización criminal".
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