La juez ha finalizado la instrucción de una de las piezas de la investigación de la denominada "mafia del taxi" y lo ha hecho en un contundente auto en el que ha procesado a 27 taxistas de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi por delitos de pertenencia a "organización criminal, coacciones y daños", en relación con el uso de "medios coactivos y vandálicos" para mantener el monopolio del uso de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la juez de instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha puesto fin a esta investigación que se inició en el año 2017 y en la que figuran como procesados 27 taxistas, entre ellos la cúpula de Solidaridad del Taxi, como el ex presidente Enrique Filgueras y el actual responsable, Antonio Velarde, así como otros directivos de esta asociación a la que la instructora atribuye los tres delitos mencionados.

La magistrada concluye que de la instrucción practicada se se derivan "indicios suficientes" para estimar acreditado que la actividad de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi y dirigida por Enrique Filgueras, estaba "encaminada a un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla, teniendo atribuido el uso exclusivo de la parada existente en la terminal de llegadas, así como de la carpa que se ubica en el exterior de esas instalaciones que tenían concedidas por el aeropuerto de Sevilla, que en ningún modo formaban parte de dicho contrato y a las que se impedía con medios coactivos el acceso de profesionales del taxi y que no formarán parte de la asociación".

Dice la juez que aunque los investigados han negado estos hechos, la investigación ha permitido reunir "indicios suficientes y claros", recordando en relación con el conflicto con los vehículos VTC que se "generó una situación de auténtica inseguridad ciudadana" por el "carácter vandálico y violento que revestían los actos cometidos frente a ellos". Así, prosigue, en el registro realizado por la Policía en las oficinas de la asociación en el aeropuerto se encontraron "fotografías realizadas a tales vehículos en distintos puntos de la ciudad y existen multitud de denuncias que constan unidas a las presentes actuaciones de incidentes sufridos por conductores de vehículos VTC en la propia parada del aeropuerto, causando daños a sus vehículos, apareciendo grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se advierte la presencia en las inmediaciones de el propio presidente o de miembros de la directiva de la asociación, lo que nos lleva a presumir en virtud de indicios que sean los responsables y quienes ordenen dichos ataques, sin perjuicio de que las cámaras no capten lógicamente la acción directa de daños contra esos vehículos".

"clara guerra a los VTC"

En este sentido, la magistrada considera que las propias manifestaciones de los integrantes de la asociación ponen de manifiesto que "tienen o al menos en sus inicios emprendieron una clara guerra abierta contra dichos servicios, por entender que estarían limitando su capacidad de negocio y que le estarían lo que entienden robando a los clientes".

Las múltiples denuncias y declaraciones testificales que se recogen en la causa llevan a la juez a concluir que "existía una concreta animadversión hacia estos servicios pretendiendo impedir que pudieran acudir al aeropuerto a recoger pasajeros, obligándoles finalmente a estacionar sus vehículos en una zona del parking habilitada al efecto pero igualmente intentando amedrentar a los conductores y causar daño en sus vehículos para intentar que no se prestasen tales servicios".

La juez señala que aunque la defensa de los taxistas insiste en que no se trata más que de una "construcción novelesca de la brigada de información que elabora los atestados", hay indicios "más que suficientes para la conclusión que se ha descrito y la calificación de la actuación de los miembros de la asociación con dicha finalidad debiendo destacar igualmente los actos vandálicos que se producen en las instalaciones del aeropuerto el 23 de febrero de 2018 en el hall de llegadas, en el aseo de caballeros del vestíbulo, justo cuando la asociación había recibido la comunicación del vencimiento de la prórroga del local del aeropuerto y la comunicación de extinción y requerimiento para que abandonenel mismo, siendo así que los las personas identificadas en las cámaras de seguridad en las inmediaciones de dichos aseos dañados resultan ser integrantes de la asociación".

La juez reprocha la actuación del Ayuntamiento

La juez también analiza la conducta que ha desplegado el Ayuntamiento de Sevilla en relación con el monopolio de la parada del taxi en el aeropuerto, lo que motivó incluso inicialmente la citación como investigado del actual delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien negó cualquier tipo de "acuerdo o permisividad" para el uso exclusivo de la parada por parte de Solidaridad del Taxi, un hecho que la juez califica de "público y notorio" en la ciudad, en relación a que esta parada "sólo es cubierta por quienes son miembros de la asociación".

A este respecto, la instructora explica que no hay constancia de que el Ayuntamiento "haya adoptado medidas algunas para intentar vigilar esta situación o velar porque no se continuara produciendo, por cuanto es cierto que si bien se creó una brigada de Policía Local que entre otras funciones tenía el de la vigilancia y control de esta parada, los propios agentes que la integran llegan a declarar que eran insuficientes, que carecían totalmente de recursos, que no podían estar permanentemente vigilando y que en todo caso cuando recibían un aviso de un incidente en el aeropuerto tenían dificultades para poder reconstruir los hechos y únicamente podían denunciar en los casos en que así se constataba".

Toda esta argumentación lleva a la instructora a aseverar que Solidaridad del Taxi, inicialmente constituida desde el punto de vista formal como una asociación sin ánimo de lucro y tendente a salvaguardar los derechos e intereses de sus afiliados como titulares licencias de taxi, se "convierte y opera como una verdadera organización criminal, siendo un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado a cuyo frente se encuentra el entonces presidente Enrique Filgueras y tras éste los demás miembros de la directiva, quienes vienen recibiendo instrucciones e indicaciones directas de éste, con un catálogo interno de infracciones y sanciones de estricto cumplimiento, con un marcado carácter de sometimiento alas instrucciones y criterios del presidente que incluso se pone de manifiesto en los términos en que deben dirigirse al mismo cuando pretenden recurrir o hacer alegaciones a una de esas sanciones internas, todo ello con el objetivo esencial de obtener un beneficio económico".

Esta asociación, continúa, se atribuyó "por la fuerza y con medios coactivos y vandálicos, el uso exclusivo de la parada de la terminal del aeropuerto, impidiendo así que el resto de los taxistas con licencia municipal en esta ciudad en una gran mayoría, no puedan acudir a dicha parada".