Dos testigos protegidos han relatado a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, que investiga las amenazadas a taxistas y la quema de los nueve vehículos de la empresa Cabify durante la Feria de Abril de 2017, el “estado de terror” impuesto por la denominada mafia del taxi en el aeropuerto de Sevilla, describiendo con todo detalle "el monopolio de la parada" e incluso la "dejadez de funciones" que durante años ha realizado el Ayuntamiento de Sevilla permitiendo esta situación.

La protección de estos dos testigos fue solicitada por la Fiscalía a la juez Reyes Flores en octubre de 2018 y en el mes de junio pasado la Audiencia de Sevilla confirmó que deben estar permanecer protegidos y sin que se conozca su identidad por el "peligro grave" de que puedan sufrir represalias.

La declaración de los dos testigos protegidos, una vez acordada la protección, se produjo el 18 de diciembre de 2018, por videoconferencia y sin que se difundiera su imagen, sólo el auto. En esa declaración, que fue grabada por el jugado, uno de los testigos protegidos, el identificado como número 1 aseguró que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, a la que pertenecen varios investigados y que está investigada asimismo por delitos de asociación ilícita coacción y daños, tenía como objetivo principal "monopolizar el servicio en la parada de taxis" del aeropuerto, a lo que añadió que "implantaban prácticamente el terror allí", porque sólo podían acudir los asociados y había un "control a la entrada" para no permitir acceder a dicha parada.

El monopolio de la parada era, según el testimonio de este testigo, "un método de trabajo" y en la parada había "unos afiliados, la guardia pretoriana del presidente" y obligaban a asociaciones "si no, no podían ir a recoger los servicios".

Este testigo dijo asimismo que los asociados tenían la "obligación" de acudir a las manifestaciones, dado que "si no asistías, te suspendían temporalmente de militancia y no podías asistir al aeropuerto a prestar servicio".

En cuanto a las actitudes violentas, el testigo contó que había "agresiones a compañeros pinchándoles las gomas, tirándoles ácido en la puerta" e incluso llegando a acudir a los domicilios de los titulares de la licencias que "son contrarios a ellos". Para el testigo, los agresores "no tenían límites, atacan donde pueden, domicilios, vehículos, incluso a familias".

Y así concluía diligencia, a preguntas de la juez, que las acciones de estos taxistas generaban no sólo miedo, sino verdadero pánico. "Tenga este en cuenta que estos señores han establecido un estado de terror dentro del sector del taxi" que hacía que otros miembros del gremio "no se atreven a subir ahí, aun sabiendo que está la parada de taxi libre, pero no acuden, porque saben que allí hay algunos con cámaras, que se quedan con los números de licencia" y luego ejercen "represalias sobre estos coches".

El testigo denunció asimismo la inacción del Ayuntamiento de Sevilla. "Todo el mundo entiende que el Ayuntamiento ha hecho una dejadez de funciones y prácticamente, en el argot del taxi, pues son cómplices por omisión de las actuaciones de esa asociación".

Por su parte, el testigo protegido número 2 coincidió con el anterior en la permisividad del Consistorio y afirmó que su modus operandi consistía en no dejar trabajar en el aeropuerto. "Si cogías a un cliente en el aeropuerto, ellos decía que ese cliente tiene que ser de ellos. No te puede llamar el cliente a ti, ni recogerlo. Todo lo que es el trabajo que genera el aeropuerto se lo tendrían que quedar ellos".

En un momento de la declaración, la juez le preguntó a este testigo sobre lo llamativo que resulta que siendo el taxi un sector tan ampliamente y con tantas licencias profesionales en Sevilla, por qué no habían sido capaces de luchar y de acabar con esta situación. Y el testigo respondió que no se ha podido por el "miedo" que les generan, añadiendo que existe una "situación de miedo y de terror general entre todo el gremio en relación a estos señores".

El testigo le contó a la magistrada instructora que conocía a algunos taxistas a los que le habían hecho daño en su casa, sus bienes y en su coche, y también a "algún político", en alusión a los incidentes contra el que fuera delegado de Tráfico Blas Ballesteros, que impuso en 2001 los turnos rotatorios en el aeropuerto. La juez le preguntó si sabía quién había ordenado el ataque a este político. "Pues no lo sé, pero sé que lo hicieron ellos", concluyó.

No se causó indefensión a los investigados

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla avaló la decisión de la instructora de declarar la protección de ambos testigos, "en atención al contenido de la solicitud del atestado y los hechos que se denuncian, así como las declaraciones de ambos testigos ante la Policía instando esa petición y los motivos de temor no genérico sino determinado por las represalias que para su persona y bienes tengan los mismos". El tribunal estima que la decisión de la instructora es razonable al "apreciar peligro grave en ambos testigos, como ellos explican, por el temor a represalias por lo que pudieran decir" y concluye eu la protección ers ajustada "por ahora".

La Audiencia rechazó la petición de las defensas de que se identificara a los testigos, puesto que entiende que no se ha limitado el derecho de defensa, sin perjuicio que "avanzada la investigación y en las fases procesales fijadas por la ley orgánica podrán solicitar que se revele la identidad. Pero hasta entonces, debemos considerar que el testimonio de los testigos protegidos debe ser prestado con la serenidad y tranquilidad que el desconocimiento de su identidad les otorga, evitando que no declaren con miedo o temor".

La juez encarga una tasación de los nueve coches incendiados en Castilblanco

De otro lado, la juez Reyes Flores, que desde hace varios años viene investigando esta trama criminal presuntamente creada en torno al taxi y el control de la parada del aeropuerto, ha solicitado que se tasen pericialmente los daños de los nueve vehículos de la empresa Cabify que fueron quemados en la madrugada del 2 de mayo de 2017 en el aparcamiento del hotel La Villa Rural de Castilblanco de los Arroyos.

La investigación por este suceso fue inicialmente archivada pero la juez la reabrió en octubre de 2019 al considerar la instructora que habían aparecido nuevos indicios sobre la autoría de los hechos. De esta forma, la magistrada imputó a dos taxistas por el incendio de los nueve vehículos.

Uno de los taxistas investigados, Francisco B. H, alias el Melli, había sido detenido por la Guardia Civil y ya había declarado como imputado por esta causa en una primera investigación, que acabó inicialmente archivada por falta de pruebas. El otro investigado por estos hechos es Juan José F. B., también taxista de Sevilla y que había sido visto en la gasolinera de Castilblanco comprando una garrafa de combustible junto al otro taxista investigado el día 1 de mayo de 2017, tan sólo unas horas antes del suceso.

La investigación que realizó la Guardia Civil concluyó que los incendios fueron intencionados, que se utilizaron agentes acelerantes de la combustión y que los fuegos se iniciaron en las ruedas delanteras de cada vehículo, para que el fuego llegara pronto a los motores.

Los presuntos autores del incendio también cerraron el aparcamiento con una cadena para dificultar tanto la entrada de los vehículos de extinción de incendios, como la salida de algunos de los coches para evitar los daños.