Los Letrados de la Administración de Justicia, directores de los juzgados, oficinas judiciales y tribunales están convocados a la huelga los próximos 9 y 10 de marzo, y 5,6 y 7 de abril por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).

Según los convocantes, el diseño de la justicia actual es low cost y "un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados". De este modo, solicitan el reconocimiento de una negociación colectiva propia porque sus asociaciones y sindicatos "no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses", señalan en su comunicado.

El pasado 26 de enero hubo ya una huelga nacional de letrados de la administración de Justicia para llamar la atención de la ministra de Justicia "sobre el incumplimiento de la Ley de Presupuesto con respecto a la adecuación salarial de los letrados que llevamos esperando 12 años y una negociación colectiva que no llega nunca", explica Carmelo Martín, letrado de la Administración de Justicia y miembro de la UPSJ. 

La huelga ha provocado una paralización mayoritaria de órganos judiciales. De este modo, los juzgados de instrucción que llevan las macrocausas han quedado paralizadas y en la provincia ha sido mayoritario "puesto que los letrados de la tercera categoría son los más perjudicados por la actitud de Pilar Llop", afirma Carmelo Martín.

"No queremos el diseño de la oficina judicial y la justicia low cost que la ministra nos quiere imponer", asegura el letrado.

La negociación colectiva y la adecuación salarial son las principales reivindicaciones de los letrados de la administración de Justicia. "Ahora están dando unas migajas, pero nada en concreto. El colectivo, en su mayoría, esperamos que después de 12 años, se cumpla lo prometido. No sólo no atienden nuestras reclamaciones, sino que no hay ninguna puerta abierta para el diálogo".