Durante la segunda sesión del juicio con jurado popular donde se decidirá si Jorge A. G. mató a una mujer en la zona de la Cruz Roja de Sevilla en julio de 2020, los agentes que realizaron el estudio del ADN del lugar donde apareció el cadáver ratificaron que la toalla encontrada al procesado y que, según las acusaciones, utilizó para asfixiar a la mujer, contenía su perfil genético.

Además, los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron los informes periciales de los móviles declararon que en el de la mujer estaba guardado el teléfono de él, mientras que Jorge A. G. había borrado el de ella de la libreta de contactos. Además, han explicado que la mujer ofertaba sus servicios sexuales en una página de contactos exponiendo en su anuncio que "estaba sola" en un apartamento de una "calle muy discreta", sin vecinos ni comercios.

El acusado reconoció durante su declaración ante el tribunal que ese día había contactado con la fallecida a través de una página de citas y, aunque reconoció que tras terminar el servicio sexual, se marchó de la casa llevándose la cartera, el ordenador y los dos móviles de la mujer, negó haberla matado.

En cualquier caso, cuando ese 20 de julio de 2020 los bomberos acudieron a ese domicilio, encontraron la casa llena de humo y un cadáver carbonizado encima del colchón. Aunque el sargento de Bomberos que declaró ante el tribunal del jurado no pudo precisar cómo ni dónde empezó el incendio. Según la acusación, Jorge A. G. asfixió a la mujer con una toalla y después quemó el colchón para borrar todos los posibles vestigios. Además, se llevó la tarjeta y los móviles de la víctima, llegan a hacer pagos hasta en 16 ocasiones hasta que fue detenido al día siguiente de aparecer el cadáver.

La Fiscalía solicita para el acusado 23 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años más de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; otros dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y el pago de una multa de 360 euros por un delito leve continuado de estafa, así como que indemnice con 60.000 euros a la hija de la víctima en concepto de daño moral y con 10.536,60 euros al propietario de la vivienda por los daños materiales causados.

La acusación particular, ejercida por la única hija de la fallecida, reclama para él 25 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años más de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; otros tres años de prisión por un delito de daños mediante incendio y una indemnización de 100.000 euros. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución del encartado.