El juez que investiga un presunto delito ecológico en los vertidos de nitrógeno y fósforo de tres depuradoras de Emasesa ha permitido que un técnico de la empresa municipal de Sevilla participe en la inspección que hará el  perito judicial en las estaciones de Tablada, San Jerónimo y El Copero, aunque no podrá intervenir en el informe final.

El juez de instrucción 6, en una providencia a la que tuvo acceso este periódico, autoriza que el experto de Emasesa acompañe al perito judicial Rafael Marín Galvin, Jefe de Control de Calidad en la empresa cordobesa Emacsa, que inspeccionará las depuradoras al frente de una comisión judicial integrada por el Seprona de la Guardia Civil y la experta del Instituto Nacional de Toxicología que ha emitido los informes existentes hasta el momento.

El juez, sin embargo, rechaza nombrar a ese representante de Emasesa como perito judicial y permitir que participe en la elaboración del correspondiente dictamen judicial,  “sin perjuicio de que, como perito de parte, pueda elaborar y aportar a la causa los informes que por encargo de Emasesa considere pertinentes”.

El peritaje debe decidir si las depuradoras sevillanas han hecho un tratamiento terciario para la eliminación del nitrógeno y fósforo total, y si se puede concluir o no que el tratamiento secundario de depuración que se realiza es eficaz. También deberá describir las consecuencias medioambientales y de eficacia de depuración que puede tener el tratamiento de reducción del fósforo total en los términos en que se estaría llevando a cabo actualmente en esas tres depuradoras.

Este informe judicial será incorporado a la causa en la que están investigados ocho altos cargos y ex responsables de Emasesa y de la Junta, así como varios cargos  técnicos, por presunto delito ecológico que estaría perjudicando al parque de Doñana.

La empresa ha recurrido la imputación de sus responsables porque las infraestructuras investigadas fueron ejecutadas según las exigencias de la época y han funcionado correctamente para aquellos parámetos. Su tratamiento ha funcionado correctamente y sólo tras una “evolución normativa confusa” se recomendó una reducción de los niveles de fósforo y nitrógeno. Emasesa recuerda, además, que la competencia respecto a la planificación, proyección, ejecución y financiación de esas instalaciones corresponden a la Junta de Andalucía porque las obras están declaradas de interés general.

Los ecologistas creen que Emasesa podría haber evitado los vertidos hace tiempo

Ecologistas en Acción, que presentó la primera denuncia en la Fiscalía, se ha opuesto al archivo de la causa y argumenta que “el hecho de manifestar Emasesa que está tomando medidas para reducir el fósforo a los porcentajes requeridos lo único que pone de manifiesto, lejos de eximir su responsabilidad, es que la entidad y sus responsables eran conocedores de los niveles tóxicos de los vertidos y del deficiente tratamiento que venían aplicando”.

“Podrían haber tomado esas medidas hace mucho tiempo”, según Ecologistas en Acción.