El juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha celebrado el juicio al ex adjunto al Defensor del Pueblo andaluz Carlos del Barco, a quien la Fiscalía solicita una condena de dos años de prisión por un delito de revelación de secreto cometido por funcionario público, en relación con la supuesta filtración de la identidad de la persona cuya fotografía desnuda en una playa se atribuyó erróneamente a la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público ha solicitado en su escrito de conclusiones finales la suspensión para empleo o cargo público durante 15 meses y el pago de una multa de casi 36.000 euros, además de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la acusación particular ha solicitado tres años de prisión por revelación de secreto y 6.000 euros de sanción por responsabilidad civil. El letrado reiteró durante el juicio la existencia de vulneración de los derechos fundamentales y la indefensión que toda esta situación ha causado a su demandante. "La filtración le supuso la incertidumbre de no saber quién más sabía su identidad. Algo que agravó su proceso de trauma psicológico tras la difusión de la fotografía en redes sociales y que la llevó dos meses después a irse al extranjero".

La información sobre la falsedad de la atribución del desnudo a Teresa Rodríguez hizo, según explicó el abogado de la demandante, que comenzara de nuevo la agorafobia de su representada. "Acudió al Defensor del Pueblo como institución de ayuda la ciudadano y obtuvo justo lo contrario", aseveró el letrado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito del artículo 417 del Código Penal, que castiga a la "autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados", y le aplica el apartado 2 de este artículo, que prevé penas de prisión cuando se revelan secretos de un particular.

Durante el informe de la fiscal, esta ha señalado que el acusado "ha reconocido que comparte datos" con un periodista excusándose en la buena intención cuando él mismo por su experiencia laboral conoce los procedimientos de la profesión periodística". Además expuso ante el Tribunal que "no era la primera vez que filtraba o compartía información con este medio en concreto" y que la revelación de información "no es necesario que tenga difusión para ser delito".

La defensa de Carlos del Barco ha solicitado la libre absolución de su defendido al entender que la revelación de secretos "requiere una intencionalidad que no se ha dado". Asimismo,durante las conclusiones finales argumentó que la publicidad del caso se debió a la propia Teresa Rodríguez, "que es la que puso el caso en los medios de comunicación". De este modo, el abogado expuso que los daños "son imputables a Teresa Rodríguez, no a Carlos del Barco". El letrado afirmó que, en cualquier caso, "no hubo difusión de los datos de la demandante".

Entre los testigos que declararon ante el tribunal, además de los policías que realizaron la investigación y un psicólogo, estaba el periodista al que Carlos del Barco pasó los datos de la demandante. Este testigo dijo ante el tribunal que su intención al contactar con la demandante fue ofrecerle ayuda como servicio público "al estar muy sensibilizado con estos temas que generan las redes sociales por un problema personal".

Asimismo, reconoció su relación de amistad con el acusado y que el intercambio de datos se hizo "con naturalidad y nunca se planteó hacer un uso informativo". En este punto, la fiscal le comentó al testigo la existencia de otros correos entre el acusado y el periodista con más casos del Defensor del Pueblo recogidos en el expediente policial presentado en el juicio.

Antecedentes

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, elevó en diciembre de 2015 una exposición razonada al TSJA, al apreciar una posible revelación de secretos en la actuación de Carlos del Barco. 

Los hechos se remontan a la campaña electoral de las elecciones andaluzas de marzo de 2015, cuando se difundió la foto de la joven desnuda, vinculándola a la de la candidata por Podemos, Teresa Rodríguez, quien negó que el retrato fuese suyo. 

La fotografía se difundió rápidamente por las redes sociales y a través del programa de mensajería Whatsapp, y la joven a la que correspondía la imagen presentó una denuncia ante el Defensor por vulneración de su derecho a la intimidad. Un día después, el periódico Abc contactó con la mujer ofreciéndole una entrevista. La denunciante rechazó la entrevista y se quejó ante el Defensor, que abrió una investigación interna.