El delegado de Transición Ecológica y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, ha explicado este jueves ante el juez de Instrucción número 14, que investiga el desfalco de más de un millón de euros en Lipasam, que la empresa municipal actuó cuando tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades, en diciembre del año pasado.

Guevara, que es vicepresidente de Lipasam desde junio de 2019, ha indicado en su declaración como testigo que tiene constancia de que la empresa tiene un "sistema de prevención de delitos y todas cuentas auditadas", pero ha aclaró que no tiene conocimiento "detallado" de los hechos, por lo que "no sabe explicar cómo no se detectó en las auditorías los hechos denunciados en este procedimiento".

El concejal socialista ha insistido en que existe un "protocolo para evitar hechos alómalos en la empresa, pero no sabe si concretamente para evitar estos hechos" y también ha indicado que desconoce cuándo se revisaron estos protocolos o si existe un informe de fiscalización de la empresa pública.

El vicepresidente de Lipasam ha recordado que el 16 de diciembre de 2019 le comunicaron que se había detectado "una irregularidad contable y que se iba a poner en marcha el protocolo para averiguar los hechos". A continuación, ha dicho Guevara, la empresa solicitó una auditoría y se puso en conocimiento de los abogados para iniciar las actuaciones legales.

Precisamente también ha declarado ante el juez el jefe del servicio jurídico de Lipasam, Eduardo Díaz, quien ha señalado que la empresa tienen un órgano independiente que realiza las labores de "compliance", revisando que el "mapa de riesgo penal de la empresa sea actualizado periódicamente" y en el que se incorporó en 2019 el delito de malversación realizado por la persona jurídica.

Este testigo ha afirmado que había "cientos de controles" para evitar que se cometieran estos hechos, por lo que ha concluido que el sistema empleado por el ex contable Manuel M. G. era "prácticamente imposible de detectar y así se ha puesto de manifiesto cuando se han investigado los hechos una vez conocidos", por lo que si la práctica defraudadora era indetectable, "no se pudo prever".

"Es imposible que el alcalde pudiera conocer estos hechos"

El abogado de Lipasam le ha preguntado si el Consejo de Administración que preside el alcalde -cuya declaración fue suspendida a la espera de las comparecencias de estos testigos-, a lo que el testigo ha respondido señalando que el consejo de administración "no conoce el día a día de la empresa", dado que eso le corresponde a la gerencia y a los directivos intermedios. "Es imposible que el presidente del consejo de administración, que es el alcalde, pudiera tener conocimiento de los hechos de este procedimiento", ha explicado el testigo, que ha añadido que el consejo de administración "no puede dar instrucciones al compliance porque es independiente, tal y como lo establece el Código Penal".

Ante el juez también ha declarado el secretario general de Lipasam, Pedro Ruiberriz, quien ha señalado precisamente que ese sistema de "compliance" se ajustaba a lo que dice el artículo 31 del Código Penal, que regula cuando las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos, y ha afirmado que en la empresa de limpieza "existía un mapa de riesgo en el cual se incorporar los delitos que pueden derivar en responsabilidad pena a la persona jurídica de Lipasam".

Este testigo ha indicado que en el año 2016 la Cámara de Cuentas puso de manifiesto que Lipasam "carecía de un registro único de entrada de documentos", pero posteriormente este registro se ha puesto en marcha, aunque no recuerda la fecha. También ha dicho que el plan de revisión de de delitos siempre ha sido asesorado por empresas "de gran prestigio sobre la materia como Pricewaterhousecoopers y Cuatrecasas", a lo que ha añadido que considera que los sistemas de control de Lipasam "son robustos" y el sistema empleado por el ex contable "era indetectable, como así ha sido durante muchos años".

Por su parte, el director de Recursos Humanos de Lipasam, Manuel Hidalgo, ha indicado que cuando descubrieron el desfalco se sentaron con el contable Manuel M. G., quien reconoció los cargos y posteriormente pidió su "desvinculación voluntaria de la empresa", por lo que no fue necesario su despido.