Juzgados de Familia

“Un Juzgado de Familia especializado gana en rapidez y calidad”

  • La Asociación de Abogados de Familia presenta sus propuestas al Defensor del Pueblo

  • Un divorcio sin acuerdo tarda casi el doble en un juzgado no especializado

María Pérez Galván en su despacho

María Pérez Galván en su despacho

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, encargó en julio a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) un informe sobre la situación de la Justicia en materia de Familia y en asuntos como la sustracción de menores, las demoras en los juzgados, los equipos psicosociales y la falta de especialización de la Justicia en un asunto tan delicado.

La abogada sevillana María Pérez Galván, vicepresidenta de  AEAFA, explica a este periódico que han empezado a enviar esa información ya que la creación de juzgados especializados “es una reivindicación histórica de la AEAFA de hace más de 25 años”.

“Tal como estamos en la actualidad, con juzgados de Familia solo en algunas ciudades, más de la mitad de los españoles no tiene acceso a un juzgado especializado donde el juez, el fiscal, el equipo técnico y el personal sean especialistas en la materia para tener una respuesta experta en unos plazos razonables”.

Según los datos enviados al Defensor, los divorcios sin acuerdo tardan en resolverse tres años y medio cuando están en un juzgado no especializado y el plazo se reduce a dos años cuando están en uno especializado.

Por otra parte, el 85 % de los divorcios de mutuo acuerdo es resuelto por el jugado especializado en menos de seis meses.

“Los plazos en estos procesos deben acortarse para evitar angustias, dolor y, lo que es peor, que el conflicto de enquiste y se genere violencia en la familia”, afirma María Pérez.

Mantiene AEAFA que, igual que se ha creado una jurisdicción mercantil para las crisis económicas de las empresas, “es importante en las crisis familiares se vean en juzgados especializados”.

A juicio de la letrada,  “tendríamos una Justicia de calidad en materia de Familia, con respuestas acordes a las necesidades especiales de la materia que tanto afecta a la salud emocional de las personas”.

“Tenemos mucha inseguridad jurídica por la discriminación actual al abordar una crisis de familia  ya que se determina la competencia por razón del domicilio familiar”. “Si en tu localidad no hay juzgados de Familia, el resultado puede ser muy distinto en el fondo y en los tiempos de espera y calidad de la resolución”, afirma.

Recuerda la vicepresidenta de AEAFA que, además, ya existen órganos especializados en lo mercantil, laboral, contencioso-administrativo, penal o violencia contra la mujer.

Otro de los aspectos expuestos por AEAFA es que los retrasos de hasta un año y medio en los informes de los Equipos Psicosociales “ahondan en el sufrimiento de las familias”. Explica María Pérez: “No todas las familias pueden permitirse aportar informes técnicos privados y los de los equipos técnicos adscritos a los juzgados hacen que se retrasen meses los procedimientos”.

Aunque “también el abogado de Familia tiene  que especializarse y estar en continua formación para dar la mejor respuesta a las necesidades del cliente y los nuevos problemas sociales que generan las rupturas de las uniones familiares”.

María Pérez explica que el Proyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia “contemplaba la creación de la jurisdicción especializada en infancia, familia y capacidad en un plazo de seis meses, pero en el último momento antes de ser remitido a sede parlamentaria, el pasado 10 de junio, se suprimió esta previsión, a nuestro entender erróneamente”.

Esta reivindicación, añade la letrada, es apoyada por “jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales y funcionarios que conocen la materia y las carencias que tenemos”.

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