La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha orden de búsqueda y detención de una mujer investigada por la suplantación de la identidad y el acceso a comunicaciones privadas de Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción. Se trata de una mujer de 35 años, identificada como M. G. F. A. y con supuesto domicilio en la provincia de León. Debía declarar el pasado jueves 10 de junio, pero no compareció y no ha podido ser localizada desde que se acordó su citación en abril pasado.

En el auto, la magistrada María José Moreno Díaz señala que la investigada "intenta sustraerse de la acción de la justicia", por lo que "procede adoptar como medida cautelar su detención y presentación ante este Juzgado, y llamarle por requisitorias en el modo y forma que previene la ley".

Los hechos se remontan a mediados de 2018. Simulando ser Rubén Sánchez y facilitando su nombre y DNI, alguien llamó al teléfono de atención al cliente de la compañía de telecomunicaciones con la que tenía contratada tanto la línea fija de su domicilio como los móviles de su mujer y sus hijas para solicitar un cambio en la cuenta de correo electrónico donde recibía las facturas y modificar la contraseña de acceso a su zona privada en la web.

El autor de estos delitos logró así no sólo conocer la dirección del domicilio y las numeraciones telefónicas privadas del secretario general de FACUA y su familia, que no aparecían en ninguna guía, sino acceder a información sobre los números de teléfono a los que llamaban.

Al comprobar que habían dejado de llegarle las facturas a su correo electrónico y que tampoco podía acceder a su zona privada en la web de su compañía de telecomunicaciones, Sánchez contactó con la empresa para aclarar lo ocurrido. Fue entonces cuando le indicaron que se habían producido los cambios en su mail y contraseña tras una supuesta petición realizada por él mismo.

Delitos penados con hasta tres y cinco años

Ante esto, el secretario general de Facua interpuso una denuncia en los juzgados en la que solicitó que se requiriese a su compañía de telecomunicaciones el número de teléfono desde el que se habían realizado las llamadas para suplantar su identidad y acceder a su domicilio y datos de facturación.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla abrió diligencias previas para investigar posibles delitos de usurpación del estado civil, que el Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a tres años (artículo 401), y de descubrimiento y revelación de secretos, penadas con uno a cinco años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses (artículo 197).

Tras el requerimiento del juzgado, la operadora de telecomunicaciones facilitó la numeración telefónica desde la que se hicieron pasar por Sánchez y confirmó las fechas y la finalidad de las llamadas. Se trataba de numeración dada de alta en otra compañía, a la que se solicitó que identificase a su titular. Una vez conseguida la identificación, el juzgado ordenó a la Policía Nacional que averiguase el domicilio del sujeto, tras lo que ha decretado su imputación en la causa.