El PSOE y Unidas Podemos descartan que las enmiendas presentadas para modificar el Código Penal, como el nuevo delito de enriquecimiento ilícito y el cambio sobre el de malversación que propone ERC, puedan beneficiar al ex presidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por los ERE.

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha descartado cualquier tipo de vinculación entre el caso de los ERE de Andalucía y el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que el PSOE ha planteado junto con Unidas Podemos en la reforma del Código Penal.

"No toca para nada ese asunto (los ERE). En todo caso, en el asunto de la corrupción lo que hacemos es poner un nuevo tipo que es el enriquecimiento ilícito", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

El objetivo del nuevo delito es poder castigar a aquellos responsables públicos que se beneficien de "un enriquecimiento ilícito injustificado, sin que esto tenga ninguna explicación y ninguna consecuencia", como asegura que ocurre en la actualidad.

Y sobre la enmienda planteada por ERC para modificar el delito de malversación en función de si existe o no ánimo de lucro, ha dicho que no la han estudiado, pero ha dejado claro que no apoyarán "nada que suponga una despenalización de un uso indebido de fondos públicos", ni nada que "beneficie a condenados por corrupción".

Por su parte, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha comentado que por lo que conocen de esta enmienda, este cambio "no se aplicará a Griñán" por el caso de los ERE," entre otras cosas porque ahí hay un enriquecimiento a terceras personas".

Fuentes de Unidas Podemos han señalado que se fían de lo que les han dicho los socialistas, que rechazan que la enmienda de malversación de ERC pueda llegar a beneficiar al ex presidente andaluz, aunque públicamente el PSOE no quiere hacer aún ninguna valoración, a la espera de analizar a fondo la cuestión.

En concreto, ERC ha propuesto modificar el delito de malversación -uno por el que fueron condenados los líderes del procés- para diferenciar entre quienes se hayan apropiado de fondos públicos en beneficio propio o de terceros y quienes no.

Plantea penas de dos a ocho años de cárcel y de hasta veinte de inhabilitación para los casos más graves en los que exista "ánimo de lucro" y de seis meses a tres años de prisión y de uno a cuatro de inhabilitación para el cargo que "sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo".

Griñán ha sido condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de malversación y prevaricación por el caso de los ERE, un sistema ilegal de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió durante más de una década el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.