El ex presidente de la Asociación de Comerciantes del Aljarafe, E.L., fue condenado por la Audiencia de Sevilla en marzo de 2020 a tres años y dos meses de cárcel por falsificar un poder notarial para vender y apoderarse de dos pisos propiedad de su ex esposa, por un importe total de 396.000 euros. Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado la condena y solicitado a la Audiencia que ejecute su ingreso en prisión. Los otros dos acusados,  Pedro L. C. y Manuel D. fueron condenados entonces a tres años de cárcel, aunque ahora el alto tribunal ha rebajado a dos años la pena del primero de ellos. Además, declaró nula la escritura de compraventa de los dos inmuebles.

El ex presidente tenía dos condenas anteriores de un año de prisión cada una por delitos de alzamiento de bienes y delito societario que habían quedado en suspenso y, por lo tanto, no ingresó en la cárcel.

En la sentencia, que fue recurrida ante el Supremo, la Sección Tercera de la Audiencia consideraba que el empresario inmobiliario recurrió a "todo tipo de artimañas" contra su ex mujer con una "perversidad" que llegó a convertir la vida de la perjudicada en una "pesadilla". Es más, según el tribunal, "pergeñó un entramado societario" y llevó a cabo "una meticulosa ideación de un plan mantenido a lo largo del tiempo", denunciaba la Audiencia.

Los tres acusados, E.L. y otras dos personas más Pedro Luis C. y Manuel D. N., interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo, que solo ha estimado parcialmente el de Pedro Luis C. La sentencia recoge que aunque E.L. y su mujer se separaron en 2009, pero siete años antes pactaron capitulaciones matrimoniales la liquidación de la sociedad de gananciales en escritura pública. Ella se quedó con un piso en Ciudad Expo y otro en Isla Canela.

Según el tribunal, el ex presidente de los comerciantes del Aljarafe, alrededor de 2010, "urdió un plan" para quedarse con los pisos de su ex mujer. La sentencia recoge que para conseguirlo se puso de acuerdo con los otros dos acusados: Pedro Luis C. C. y Manuel D. N.

Para ello, otro acusado, ya fallecido, fue a una notaría en Tomares donde otorgó un poder notarial a Pedro Luis C. para vender fincas de su propiedad. Cuando ya tenía el poder, "con falaz propósito, sustituyó en el poder la mención" a este hombre por el de la ex mujer de E.L.. Más tarde, E.L., Manuel D. y Pedro L. como portador del poder falsificado de la mujer volvieron a otro notario. La sentencia recoge que los acusados eran "plenamente conscientes de aquella adulteración, elevándose a público el contrato de compraventa de los dos inmuebles". El talón con el que se pagó, por importe de 396.000 euros que nunca llegó a poder de la ex mujer "ni fue hecho efectivo".

Ahora el Supremo ha confirmado la condena de tres años de cárcel para E.L. y destaca "la gravedad del hecho"  por "la despatrimonialización fraudulenta de la vivienda en que vive su ex esposa y otro inmueble más; y sólo ahora con la sentencia, se consigue revertir, con la nulidad de las referidas compraventas".La Sala de lo Penal del Supremo considera que las sociedades de los acusados tienen "carácter instrumental a favor de los intereses del recurrente" y que sirvió "para aparentar el pago, nunca realizado, en la simulada compraventa de los inmuebles a su ex esposa", puesto que la cuenta corriente contra la que se extendió el talón tiene por titular una sociedad diferente de la entidad compradora. Ambas sociedades tienen la sede en un domicilio donde también tiene otras empresas E.L.

Respecto a la presunta reparación del daño aducida por el ex presidente de los comerciantes del Aljarafe, el tribunal considera que "no consta plasmada con anterioridad al plenario la voluntad de que ese dinero fuese destinado a la víctima con independencia de cualquier circunstancia y de forma inmediata". Tampoco considera aplicable el alto tribunal la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas.

Las querellas a su ex esposa fueron archivadas

Además, E.L. presentó demanda de juicio declarativo ordinario y se querelló contra su ex esposa por presunto delito de estafa, denuncia que tras una larga investigación quedó archivada por el juzgado de instrucción en 2013 y posteriormente por la Audiencia provincial de manera definitiva. También uno de sus hombres de paja la denunció por coacciones al haber cambiado las cerraduras de los pisos que, según decía, le habían alquilado. También en este caso la denuncia fue sobreseída en 2013.